La administración Duque ha tenido uno de sus mayores logros en el desarrollo de energías renovables no convencionales. En subastas realizadas el año pasado logró incorporar en 14 proyectos cerca de 2.500 Mw que deben entrar en 2022. Esto representa 12% de la capacidad instalada en el país y un gran salto en la transición energética.

Además, los proyectos significan inversiones por unos $8 billones generarán más de 6.000 empleos.

Sin embargo, el coronavirus está contagiando proyectos en marcha, por la cuarentena y los nuevos escenarios tras la crisis.

Hoy el Gobierno se preocupa en lo inmediato: la prestación de servicios públicos, en este caso energía eléctrica y gas, la reconexión de las familias que estaban sin servicio y cómo la coyuntura va a impactar la caja de las empresas distribuidoras, comercializadoras y generadoras de energía.

Además, el Ejecutivo analiza cómo activar un sector clave en la caja del presupuesto del país, en minas, hidrocarburos y energía.

Sin embargo, ya están encendidas las alarmas en el desarrollo de los proyectos de energías renovables no convencionales.

Las preocupaciones

Para Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), ya hay un impacto real sobre los cronogramas de los proyectos, porque se han paralizado algunas actividades.

Por ejemplo, en materia de conexiones a la red, que tiene dos partes: una, la red troncal en la Guajira, que se llama Colectora y va al sistema nacional. Según Corredor, el proceso de consulta previa se paralizó y no hay posibilidad de hacer reuniones con las comunidades. Y, la segunda, en las conexiones de los proyectos a esta troncal las consultas previas aún no se han iniciado. Además, otros proyectos como los solares están pendientes de licencias ambientales.

Preocupan en particular los compromisos legales adquiridos. Por un lado, en una de las subastas se firmaron contratos bilaterales con los comercializadores y sería necesario revisar fechas de entrada de los proyectos. Voceros del Ministerio de Minas aseguran que la fecha de inicio de las obligaciones de entrega de energía por parte de los generadores sigue siendo la misma: enero de 2022. “Los contratos de la subasta son financieros, no físicos. Esto implica que las obligaciones de entrega de energía se pueden cumplir, así las plantas no hayan entrado en operación”, dicen.

Y, por otro, algunos de los proyectos asignados se hicieron bajo la modalidad de cargos por confiabilidad y energía en firme. Sin embargo, la economía podría tener un crecimiento negativo que bajaría las expectativas de demanda de energía.

En ese sentido el Gobierno tendría que ajustar sus escenarios de demanda para la época en que están programados los proyectos, de tal manera que, como advierten algunos analistas, se pueda reconfigurar el cargo, porque la demanda podría cambiar.

El Ministerio de Minas hasta ahora no ha recibido una solicitud formal de mover las fechas. “Por el contrario, por parte de los generadores hemos recibido manifestaciones de apoyo al gobierno nacional para continuar con el acompañamiento al proceso y con el impulso institucional para incentivar la entrada en operación de los proyectos de generación y de los proyectos de transmisión”, agregan.

También algunos han planteado la volatilidad en la tasa de cambio. El dólar estuvo por encima de los $4.000 y podría afectar las cuentas de las empresas e, incluso, los cierres financieros.

“Esto haría más costosos los proyectos porque van a tener ingresos en pesos y habrá un impacto en la rentabilidad de largo plazo siempre y cuando el dólar se mantenga a esos niveles por un tiempo prolongado. Si el dólar vuelve a bajar, es posible que el impacto sea de corto plazo. La situación de la tasa de cambio también genera incertidumbre y preocupa porque la rentabilidad de los proyectos se puede ver disminuida”, dice Corredor.

Para el Gobierno esta situación no está fuera de control. “De acuerdo con la información que hemos recibido de parte de los generadores, las variaciones recientes en la tasa de cambio aún son manejables para la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos y los precios adjudicados en la subasta. Los contratos de la subasta están fijados en pesos y dichas variaciones no impactarán al usuario final, que es el mayor beneficiado con los precios de la subasta”, puntualiza el Ministerio de Minas, que afirma estar atento a las preocupaciones de los jugadores.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgén –el gremio de las generadoras de energía–, asegura que están haciendo un balance en todos los frentes. Según dice, no han solicitado cambios de fechas en ninguno de los compromisos con el Ministerio de Minas y “estamos trabajando para seguir adelante con los proyectos en las fechas presupuestadas”. Agrega que han pedido a los ministerios de Ambiente y del Interior mayor celeridad en los procesos de consultas previas y licencias ambientales.

Por ahora, el sector pone su prioridad en que no se apague el país, en evitar un riesgo sistémico en la cadena y garantizar que los más vulnerables puedan mantener el acceso al servicio. Pero el Gobierno no debe dejar de observar el mediano plazo para que la transición energética avance sin contagio.

FUENTE: DINERO