El Gobierno Nacional apostó todas sus cartas por sacar adelante, y en lo que queda de su mandato, los proyectos que hacen parte de la política que trazó en materia de energías limpias.
La razón, el presidente de la República, Iván Duque, se comprometió en el discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 20 de julio, a acelerar el desarrollo de 27 iniciativas estratégicas de fuentes renovables y de transmisión, los cuales se engloban dentro del plan de reactivación económica.
“Los proyectos, nueve eólicos, cinco solares, tres geotérmicos, uno de hidrogeneración, acompañados de nueve líneas para el transporte de electricidad (ver mapa), cuyas obras representan más de $16 billones de inversión, posicionarán a Colombia como líder regional de la transición energética”, subrayó el jefe de Estado.
Pero a la fecha, más del 90% de los proyectos enlistados por el Ejecutivo están surtiendo la etapa de su licenciamiento ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) o están en el proceso de Consulta Previa.
Es decir que la mayoría, por no decir la totalidad, hasta el momento van en las primeras de cambio para el inicio de sus operaciones que están programadas a partir de finales del 2022.
OBRAS EN EL INICIO
Para Germán Corredor, director Ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia) los mayores impactos se están viendo reflejados en las etapas de cierre financiero, trámites de permisos y licencias, pero especialmente en lo relacionado con las consultas previas que requieren los proyectos, puntualmente en La Guajira.
“Los proyectos tienen el compromiso de entrar en operación en 2022 y 2023. Todo el tema de trámites de consultas previas está paralizado. Nuestra preocupación es que los proyectos se atrasen”, señaló Corredor.
El líder gremial indicó además que buscan trabajar conjuntamente con los diferentes sectores involucrados para lograr una propuesta que permita buscar alternativas de mecanismos que permitan que las consultas previas puedan ser realizadas, cumpliendo las medidas y protocolos necesarios que requiere la emergencia sanitaria.
Del paquete total de iniciativas energéticas con las que se las juega el Ejecutivo en la reactivación económica, en fuentes eólicas, cinco ya cuentan con Consulta Previa, tres actualmente desarrollan este mecanismo de participación, y una está programada (Apotolorru), pero no ha podido realizarla por el tema de la pandemia.
Así mismo, en la generación solar, cuatro proyectos están en programación y uno en operación, que es la granja El Paso Solar, de Enel Green Power. En cuanto a las iniciativas de transmisión de energía, las nueve están sorteando su proceso de licenciamiento ambiental.
CUELLO DE BOTELLA
Para analistas del sector energético consultados por Portafolio, el gran cuello de botella con el que se encontrará el Ejecutivo, y que sortearlo no será fácil tiene que ver precisamente con las consultas previas.
“Es necesario recordar que la gran importancia de completar los procesos de este mecanismo de participación radica en que, sin surtir esta etapa, no es posible para los desarrolladores obtener las licencias ambientales que pueden llegar a necesitar para el montaje de sus proyectos, según la capacidad instalada de los mismos. De ahí en adelante, el desarrollo de los proyectos queda entonces bloqueado”, recalcó Mariana Villegas, asociada del Área de Energía, Minería e Infraestructura de Baker McKenzie.
La analista precisó que la razón de la complicada situación para aplicar la herramienta de participación en la comunidades étnicas asentadas en territorios que hacen parte de la Línea Negra, es porque estas precisamente “enfrentan complejidades que no son comunes a los procesos de consulta previa en otras partes del país, debido a las “particularidades” de esta zona demarcada como “territorio ancestral y tradicional declarado, digno de una relevancia especial para las comunidades que amerita un tratamiento diferenciado”.
En el mismo sentido, Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), señaló que el gremio tiene compromisos de energía en contratos de largo plazo de 1.077 megavatios (Mw) y en Cargo por Confiabilidad por 668 Mw, los cuales se han visto afectados por los retrasos asociados a las consultas previas y los trámites de Licenciamiento Ambiental, los cuales no han tenido la evolución esperada, incluso desde antes de que iniciara la pandemia.
“En este sentido, hacemos un llamado de urgencia para que el Gobierno Nacional agilice la reglamentación, con el fin de poder garantizar la entrada en operación oportuna de estos proyectos prioritarios para el abastecimiento del servicio de energía en el territorio, velando por la integridad y el respeto de los derechos fundamentales de las comunidades y de nuestros colaboradores”, indicó Gutiérrez.
A pesar que el panorama aún no está despejado para el desarrollo a fondo de estos 27 proyectos los cuales se encuentra en barrena porque aún no han sorteado la consulta previa y el trámite de la licencia ambiental, el Ejecutivo no duda en jugársela el todo por el todo, para sacarlos adelante.
“Hay un pipeline de proyectos de fuentes limpias de energía, ya que además de los 2.500 Mw que fueron adjudicados en las subastas, hay cerca de otros 8.000 Mw que ya tienen concepto de conexión aprobado por la Upme. Además, el Ministerio expidió el Decreto 829 que reduce los tiempos para acceder a los beneficios tributarios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.
FUENTE: PORTAFOLIO