Fueron varios las voces de expertos del sector Eléctrico que expresaron su desacuerdo con la medida de intervención en razón a los elevados costos económicos que implicaría para la nación hacerse cargo de la operación y cubrir el déficit mensual que para ese entonces bordeaba los 35 mil millones de pesos mensuales sin incluir los recursos para la mejora de la deteriorada infraestructura.

Sin embargo, los 69 procesos de limitación de suministro por parte del administrador del sistema eléctrico XM, las deudas por 2.4 billones de pesos, las alteraciones de orden público y crecientes quejas de usuarios, fueron razones de peso para que el gobierno desactivara esa bomba de tiempo como en efecto ocurrió.

En los primeros dos años de intervención el recaudo mejoró, los indicadores de calidad de la compañía disminuyeron la velocidad de su deterioro, y al tiempo que se gestionaba el servicio se estructuró un esquema de solución. El primer paso o Plan A, consistió en vender los activos y que el nuevo operador asumiera los pasivos incluido el pensional, bajo un modelo tarifario que le reconociera las inversiones para controlar las pérdidas de energía.

En ese primer intento se presentó una sola oferta, del grupo ENEL. El siguiente paso era abrir de inmediato una nueva convocatoria excluyendo de la transacción para los oferentes el pago de todos los pasivos.

En noviembre del 2018 el Gobierno entrante decide iniciar un nuevo esquema que no estaba previsto como parte de la solución por considerarla más costosa y fue la de dividir en dos el mercado. De ahí surgieron caribe mar y caribe sol.

La Superservicios tardó casi 16 meses en hacer los cálculos del costo de las inversiones en los dos mercados y luego de gastar 24 mil millones de pesos en el pago de consultorías, llegaron a la conclusión que las inversiones se incrementan de 7.2 billones a 10 billones de pesos.

El proceso está cerca de cumplir 4 años, con indicadores deteriorados (recaudo en 48% y pérdidas de energía en 38%). En los dos primeros años la deuda con el fondo empresarial que era de 200 mil millones, 20 meses después asciende a 4.4 billones de pesos financiada no solo con fuente de recursos del Fondo Empresarial de la Superservicios sino con créditos de tesorería del ministerio de hacienda y con los $4 por k/w que pagan los colombianos. El proceso de intervención de Electricaribe pasa la factura, pero hasta ahora no hay quien pague los recursos públicos invertidos, que por cierto aún están en mora de supervisión por los entes de control.

A sabiendas que el Estado es responsable constitucionalmente de garantizar el servicio, los nuevos operadores para recibir la empresa piden revisión de las condiciones de la negociación por los efectos negativos de los indicadores de la compañía, no solo por la pandemia sino por deficiencias en la gestión. El déficit se dispara y el gobierno tendrá que seguir apalancándolo o endeudarse con los operadores para que el servicio no colapse. Volver a los indicadores de hace cuatro años, tomaría un tiempo similar. En este escenario el valor de la factura seguirá creciendo y quien sabe en cuanto y hasta cuándo.

FUENTE: EL INFIRMADOR