Además de fijar un requisito mínimo de patrimonio de 500 millones de dólares y de haber sido dueño u operador, como mínimo un año, de una distribuidora de energía o de gas con 600.000 usuarios a los inversionistas que se interesen por Electricaribe. 

El reglamento de presentación de ofertas no vinculantes por el mercado de esta compañía, intervenida con fines de liquidación, ya definió que el que llegue tendrá que poner los recursos en una nueva empresa.

El documento establece que, una vez se reciban las manifestaciones de interés y se pase a la segunda fase, o de venta, la actual Electricaribe en liquidación constituirá una nueva sociedad por acciones que tendrá la calidad de empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios y contará con todas las autorizaciones para prestar el servicio que hoy atiende la compañía.

El campo de acción de la compañía está en los siete departamentos de la costa Caribe, que representan el 23 por ciento del mercado nacional y cobijan a no menos de 11 millones de usuarios.

Y, en la fecha de cierre de la transacción, una vez el ganador haya asumido el compromiso de invertir 7,1 billones de pesos en la compañía durante 10 años para mejorar la calidad del servicio y reducir sus pérdidas, recibirá los activos, incluyendo la cartera por cobrar, y todos los pasivos laborales y pensionales, pero no asumirá la millonaria deuda financiera que Electricaribe tenía antes de su intervención y suma más de 1,8 billones de pesos.

El agente interventor, Javier Lastra, explicó que cuando haya un ganador se perfeccionará la sustitución patronal (los empleados tendrán un nuevo empleador), así como el recibimiento del pasivo pensional actual, que se estima en unos 1,3 billones de pesos, según cálculos actuariales.

Y dijo que el hecho de que la firma esté en liquidación habilita jurídicamente la creación de la nueva empresa, cuyo dueño no será Gas Natural Fenosa como propietario hoy de las acciones de la compañía.

En la fase de ofertas se plantearía un esquema en el que los interesados harían ofertas sobre el máximo valor que estarían dispuestos a reconocer por las obligaciones con la banca previas a la intervención, pero esto hasta ahora se está revisando.

No hay veto
Aunque entre la clase política de la costa Caribe el nombre Gas Natural Fenosa causa inquina, esta firma, que cambió su nombre a Naturgy, jurídicamente puede retomar su activo si presenta una oferta no vinculante y luego, en la fase de venta, se compromete a inyectar los 7,1 billones de pesos en 10 años y a aceptar las nuevas condiciones, que son más exigentes.

“El interesado reconoce y acepta que, de ser adjudicatario de las acciones, se comprometerá a ejecutar el plan de inversiones requerido para garantizar la adecuada prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la región Caribe. Así mismo, entiende que le pueden ser pedidas garantías que respalden los compromisos financieros derivados de la transacción propuesta y de dicho plan de inversiones”, señala el reglamento.

Según fuentes consultadas, el inversionista español sigue interesado en plantear una salida negociada al nuevo Gobierno, pero dicho paso debería contemplar el retiro de la demanda internacional que por 1.626 millones de dólares cursa en Viena (Austria) ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral).

Respaldo suficiente
Según la regulación actual de comercialización de energía, que fija un tope de mercado del 25 por ciento, firmas como Codensa, filial del Grupo Enel, y Empresas Públicas de Medellín (EPM) podrían participar, según el reglamento publicado, pero como operadores idóneos contratados por un nuevo inversionista.

Además, el inversionista que gane no podrá, sin permiso de las autoridades, vender todo o parte del negocio durante un período de tres años y tendrá que aceptar que las garantías de compra de energía, dadas por la Nación al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos (SSP), no serán transferidas a la nueva empresa, sino que tendrá que gestionarlas y serán una carga que tendrá que asumir.

La manifestación de interés podrá ser presentada por interesados directos y en consorcio (en este caso, sus patrimonios deben sumar mínimo 500 millones de dólares, y uno de los integrantes deberá atender por lo menos a 400.000 usuarios), sean nacionales o extranjeros. También podrán ofertar los fondos de capital privado.

Fuente: EL ESPECTADOR