A finales de marzo de 2020, cuando México ya estaba en cuarentena, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Oaxaca. En un momento del trayecto, hizo parar la comitiva frente a áridas colinas coronadas por turbinas y aerogeneradores.
"Estos ventiladores afectan al paisaje", dijo ante las cámaras. "Generan poca energía y además son negocios privados, ¿por qué se tiene que subsidiar a estas empresas? Son de las tranzas que se hacían en el período neoliberal". Ahora sabemos que esa escena no era bravuconería ni ignorancia, sino parte de un plan fríamente calculado que ahora ha sido descubierto, un plan que ha unido a inversores y ambientalistas en un grito de protesta.
Hace unos días el ministerio de Energía publicó las nuevas directrices para el sector energético. Hasta nueva orden, se prohíben nuevas centrales de energía renovable por supuesta "inestabilidad en la red". Se trata ya de la tercera intervención regulatoria en el mercado eléctrico, en el que, desde la reforma energética de 2013, compiten compañías privadas con la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En aquel momento se abrió el mercado de las energías renovables a empresas privadas. El organismo regulatorio CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) ofreció el marco técnico, estando obligado a dar preferencia en la concesión al proveedor más eficiente, lo que aseguraba la participación de las empresas de renovables
Gracias a la reforma, México pudo cubrir su creciente demanda de energía y cumplir el Acuerdo de París. Actualmente, el 24 por ciento de la electricidad generada procede de fuentes renovables, con un crecimiento anual del 4,5 por ciento. Eso perjudica a las centrales hidráulicas y termoeléctricas gestionadas por la CFE, que funcionan con el crudo pesado rico en azufre producido por el consorcio estatal Pemex, fuertemente endeudado. Salvar a Pemex e implementar una regulación estatal más fuerte son objetivos estratégicos del presidente.
El crudo pesado se empleaba hasta ahora sobre todo en el sector de la navegación, pero desde este año fue prohibido a nivel internacional. "Las empresas privadas se han apoderado del sector energético y han conspirado contra Pemex y la CFE", afirmó López Obrador al respecto.
Peor para los consumidores
Tras la reforma energética, llegaron a México inversores, sobre todo españoles, pero también alemanes, como la empresa Notus, de Potsdam. Notus planeaba desde 2014 la instalación de cinco centrales eólicas y solares. Una de ellas era una planta eólica de más de 200 megavatios en el estado norteño de Coahuila, cuya instalación todavía se encuentra en estadio inicial.
Ahora su futuro es incierto. "Los procesos de autorización se demoran desde hace un año", dice a DW Alejandro Cobos, jefe de negocio de Notus. Y no es el único. Desde el cambio de Gobierno en diciembre de 2018, muchos inversores se quejan de las tácticas para demorar los procesos empleadas por la CENACE.
Las nuevas directrices podrían suponer el golpe de gracia para las empresas de renovables. En las cartas de protesta enviadas desde embajadas de Canadá y de la UE, se habla de hasta 44 proyectos en curso con un valor de 6,8 mil millones de dólares. Las organizaciones de consumidores estiman que, para los consumidores, la vuelta a los proveedores de energía fósil supondrá precios más elevados. Para los inversores, el atractivo de México se reduce debido a la incertidumbre legal.
La excusa del coronavirus
El cambio de rumbo se justifica por una menor demanda debido a la crisis del coronavirus y por problemas técnicos. Es cierto que la red eléctrica está anticuada, pero la modernización de las líneas de transmisión es tarea del proveedor estatal CFE, trabajo que, sencillamente, no ha llevado a cabo.
Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dice que la excusa del COVID-19 es cínica. "Precisamente el virus hace que el aire limpio sea más necesario que nunca y el Gobierno responde extendiendo la más sucia de las energías fósiles", dice.
Pablo Ramírez, especialista en clima de Greenpeace México, comenta que, de esta manera, el país no solo se aleja de las obligaciones internacionales del Acuerdo de París, sino también de sus propias leyes, que prevén, por ejemplo, para 2024, que el 35 por ciento de la energía generada provenga de las renovables.
Los activistas admiten que en el sector de las renovables no todo es ideal, "pero eso no justifica la vuelta a los combustibles fósiles", subraya Ramírez. Mientras los inversores privados solo piensan en acudir a tribunales de arbitraje, los activistas sopesan interponer demandas estratégicas ante cortes nacionales e internacionales.
Pero para Alejandro Cobos, jefe de negocio de Notus, el mal ya está hecho, porque, aunque se retiraran las nuevas directrices, "se ha perdido la confianza de los inversores".
FUENTE: SEMANA