El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció la existencia de fraudes mediante la entrega de contratos de energía eléctrica.

La denuncia del mandatario se produce después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera temporalmente un decreto del Gobierno federal a raíz de una controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por considerar que la política energética de López Obrador atenta contra las leyes de libre mercado.

Un hecho que implica un choque de visiones respecto al papel del Estado en este sector estratégico, y que evidencia las diferencias entre el proyecto político de López Obrador frente a los remanentes del régimen neoliberal que imperó en México durante décadas.

¿Por qué la controversia?

El decreto de 'Política de confiabilidad' emitido por la Secretaría de Energía, el pasado 15 de mayo, plantea una serie de medidas para dar prioridad a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) en lo referente a la generación de energía eléctrica, por encima de compañías particulares.

La medida fue aprobada debido a que, como consecuencia de la reforma energética de 2014 y una caída en la demanda de energía durante la epidemia de covid-19, la CFE tenía que detener la operación de sus plantas para que empresas privadas pudieran vender electricidad al Estado, luego de que pasadas administraciones firmaron contratos con empresas, como la española Iberdrola.

Tras la aparición del decreto, la Cofece interpuso una controversia constitucional ante la Corte, por considerar que dicha política violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución.

El pasado 29 de junio, la Suprema Corte aceptó atraer el caso para determinar la legalidad del decreto, por lo que suspendió de manera temporal dicha política.

"Es un fraude"

Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador explicó que varias empresas privadas fueron beneficiadas mediante contratos que resultaron desventajosos para el Estado. Algo que no dudó en calificar como un "fraude".

"Se ponían de acuerdo los funcionarios con las empresas particulares, se llevaba a cabo una licitación para que la CFE comprara energía eléctrica a estas empresas particulares, y se entregaba el contrato a una empresa. En el contrato se establecía el pago de una tarifa que la comisión tenía que pagar, un costo, una tarifa a la empresa particular, pero inmediatamente después de firmado el contrato, se suscribía otro, ya sin licitación", dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Según el mandatario, este segundo contrato, sin licitación, incluiría un precio más alto al estipulado.

Esta práctica, de acuerdo a López Obrador, ha sido detectada por su gabinete tras casi año y medio de revisar los contratos firmados en administraciones anteriores.

En este sentido, el mandatario mexicano señaló que su gobierno procederá legalmente contra los funcionarios involucrados en la firma de dichos contratos.

"Es un fraude, se simuló la entrega de los contratos y se causó un daño a la Hacienda pública", indicó.

Sin embargo, omitió ciertos detalles, como la cifra del daño que ha sufrido el erario por estas prácticas, debido a que actualmente el Gobierno mexicano está realizando negociaciones con las empresas beneficiadas para tratar de resolver el conflicto sin tener que pasar por tribunales.

Dos visiones: Estado o economía

La polémica evidencia dos visiones diferentes respecto al papel del Estado en asuntos públicos y económicos.

"Es un servicio al público, no es un servicio a los negocios particulares. Son dos visiones diferentes. Lo que está de fondo es la visión que se tiene en política energética, frente a los anteriores gobiernos", señaló Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, en entrevista con Aristegui Noticias.

De ahí que la Suprema Corte tendrá que decidir si las políticas de libre mercado están por encima de garantizar la seguridad de este sector estratégico del Estado mexicano.

Desde su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2018, López Obrador ha declarado el fin de la era neoliberal en México.

En este sentido, el mandatario ha criticado la manera en que los anteriores gobiernos promovieron la creación de organismos públicos autónomos, como la Cofece, con el fin de aumentar el aparato burocrático; y al mismo tiempo, según ha manifestado en reiteradas ocasiones, construir un andamiaje institucional diseñado para favorecer prácticas de corrupción en complicidad con empresas privadas.

La Cofece fue fundada en 1992, durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pero fue hasta 2014, en el marco de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto, que este organismo obtuvo su autonomía con el fin de impedir los monopolios en áreas como las telecomunicaciones.

Una institución que fue creada e impulsada dentro del modelo económico neoliberal, que fue instaurado en México desde mediados de la década de 1980, y que, ahora, constituye un obstáculo para el proyecto estatista de López Obrador.