El Consorcio CCC Ituango conformado por Camargo Correa Infra S.A, Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H. S.A, constructores del proyecto eléctrico Hidroituango, le respondió a Empresas Públicas de Medellín sobre la demanda de conciliación que inició la gerencia y la alcaldía por un monto de 9,9 billones de pesos por supuesta responsabilidad de la contingencia ocasionada el pasado mes de abril de 2018.
En la carta enviada al gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón López, y con copia a la Procuraduría 222 judicial y Asuntos Administrativos Medellín, Contraloría Municipal de Medellín y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, el consorcio CCC Ituango explica su posición sobre esta situación jurídica y niega toda responsabilidad sobre esos hechos y también cita a la empresa externa Skava Consulting y su informe sobre las situaciones que llevaron a la emergencia, al sobrecosto del proyecto y todas las sanciones económicas por incumplimientos, el mismo que sustentó EPM para iniciar la disputa jurídica
“Esta convocatoria, al igual que las imputaciones de responsabilidad que ustedes hacen en contra del Consorcio resultan inusitadas, por decirlo lo menos, y contradicen la conducta de EPM observada hasta ahora con respecto al contrato, dado que ningún requerimiento ni cuestionamiento ha existido de parte de la entidad frente a la forma como fueron cumplidas nuestras obligaciones con relación a la construcción de la GAD y al contrato en general”.
También aseguraron que entre las partes no ha existido ningún tipo de controversia sobre las responsabilidades que se le indilgan al consorcio y muestra de ello es “no se ha activado ninguno de los mecanismos de apremio o sanción que incorpora el contrato, razón de más para cuestionar firmemente que EPM adopte de manera abrupta una posición que va en contravía de sus actuaciones previas y comience a endilgarnos”.
El Consorcio CCC Ituango, también dejó en evidencia que esta pelea jurídica que comenzó EPM traerá gravísimas consecuencias para las tres empresas que la constituyen tanto en la imagen como en la operatividad.
“No podemos aceptar que se nos endilgue la supuesta responsabilidad, no fundada en la calidad de las obras a nosotros encomendadas, sino por una supuesta falta consistente en no advertirle a EPM sobre unos presuntos errores de diseño”
La carta finaliza solicitándole a EPM que reconsidere la decisión y retire la demanda contra el consorcio y las empresas que lo conforman.
FUENTE: CARACOL