Ante un panorama presupuestal del Estado apretado por los desembolsos que realizó para atender la contingencia por la crisis sanitaria, el Gobierno contempla seriamente la venta de algunos de sus activos para captar nuevamente recursos.
Se trataría de empresas del sector de energía eléctrica en las que la nación tiene participaciones minoritarias, es decir que no superan el 49% de la propiedad accionaria.
Así, en la posible enajenación, la gran tajada de recursos vendrían de la venta de las generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía, ya que no solo allí se concentra más del 70% de la participación estatal, sino que además la sola venta de ISA le reportaría a la nación grandes dividendos, además que sería fácil el proceso, ya que está listada en bolsa. Con esta operación, le entrarían a las arcas del Estado $6 billones.
BAJA RENTABILIDAD
La idea para el Ministerio de Hacienda, a través de la pretendida enajenación es no solo recoger recursos para robustecer la caja del Estado, sino al mismo tiempo dejar la participación en esas empresas del sector eléctrico que dejan una rentabilidad muy baja.
Al consultar con analistas del mercado sobre la viabilidad en la venta de estos activos del Estado, indicaron que la mayoría de esas empresas están listas para ofrecerse, incluso fueron más allá y afirmaron que la nación podría darse el lujo de no vender toda su participación, y aún así recibiría importantes recursos.
“Si las ventas de estos activos mineroenergéticos representan para el país una mejora en su competitividad, porque las inversiones que se realizarían son en construcción e infraestructura y que contribuirían a dinamizar la economía, sin duda resultaría una operación interesante para el Gobierno”, afirmó Camilo Silva, director de la firma Valora Analitik.
Varias de las empresas del sector eléctrico en las que se enajenaría la participación del Estado ya tienen estudios finalizados con miras a una posible venta como fueron los casos de Gecelca y Urra que contrataron en el 2006 banca de inversión para tal fin, y que no se ejecutó por coyuntura. En el mismo proceso estuvieron las electrificadoras de Nariño, Caquetá, Meta y Huila.
DESAPROBACIÓN
La posible enajenación accionaria del Estado en varias empresas del sector de energía ha desatado protestas. Esos son los casos de las electrificadoras del Huila y Meta, en cuyos departamentos no solo los empresarios, comerciantes y líderes políticos, sino hasta los sindicatos, han expresado su desacuerdo.
Para el representante a la Cámara por el Huila, Jaime Felipe Lozada, debe haber un consenso entre todos los accionistas, ya que se debe recordar que en el departamento 30 municipios tienen participación en esta empresa, sin desconocer que más del 80% de las acciones pertenecen al Gobierno Nacional. “Seguiremos dando la batalla para que Electrohuila siga siendo patrimonio de los huilenses”, dijo.
Por su parte el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, afirmó que la electrificadora del departamento no puede quedar en manos privadas, por eso le solicitó en un carta al Ministerio de Hacienda, con copia al presidente de la República, Iván Duque, que la deuda cercana a los $130.000 millones de pesos, establecida por medio de una auditoría, sea reconocida a través de una mayor participación accionaria.
“Confío en el talento humano de la Electrificadora, y que con ellos se puede salvar y sacar adelante la empresa, y así acabar de una vez por todas con ese fantasma que ronda sobre su privatización. No me opongo a su modernización”, subrayó el funcionario.