El mismo viernes 22 de enero en el que el presidente de Colombia, Iván Duque, inauguraba varios proyectos fotovoltaicos , se finalizaba el plazo para presentar comentarios a la resolución CREG 233 de “Disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional” que regulará la solicitud y asignación de capacidad de transporte para generadores, cogeneradores, auto generadores o usuarios finales.
La nueva resolución diferenciará proyectos hasta 5 MW y mayores a 5 MW, para realizar el proceso de asignación en proyectos mayores de 5 MW en Ventanilla Única. Si bien la UPME actualmente tiene registrados 29 GW de potencia donde predominan los proyectos de energías renovables, la gran mayoría son proyectos en Fase 2. Proyectos en factibilidad, que no tendrían aprobada la interconexión por parte del operador de red y la UPME.
La falta de infraestructuras en el SIN hace inviable la conexión de la gran mayoría de los proyectos. A la falta de capacidad de la red hay que añadir la complejidad de los permisos necesarios para poder construir un proyecto de energías renovables, desde obtención de tierras con la complejidad de restitución de tierras por el conflicto armado, tierras con problemas de títulos, existencias de vínculos ambientales, complejidad del licenciamiento ambiental, comunidades indígenas, servidumbres, problemática social e inseguridad como secuestros y sobre todo una burocracia absurda porque en Colombia somos especialistas en burocracia y trámites innecesarios.
El proceso de conexión con los operadores de red es lento y complicado por la gran cantidad de solicitudes recibidas y por la gran cantidad de bloqueos que realizan los propios operadores de red para inviabilizar estos proyectos de energías renovables bajo la pasividad de los entes de control. Son los operadores de red los que quieren esa reserva de potencia para construir sus propias centrales de generación.
Para agilizar las respuestas a las solicitudes de conexión en tiempos mas abreviados, dar solución a los conflictos entre diferentes proyectos en cola y resolver problemas técnicos, la Ventanilla Única podría ser una solución, siempre que la UPME cuente con el personal necesario para atender la gran cantidad de solicitudes realizadas. Con la nueva resolución se solicitarían garantías desproporcionadas de diez (10) USD por cada kW, penalizando cualquier retraso en la fase de desarrollo y construcción de los proyectos. Garantías que, cuando el desarrollo o construcción del proyecto se retrasa por la causa que sea, se tendrán que duplicar si se quiere seguir con el proyecto dejando a libre discreción de funcionarios la ejecución de dichas garantías.
Si las energías renovables no han sido capaces de despegar y superar todas las barreras burocráticas y administrativas, el cambio regulatorio afectará negativamente al sector puesto que ninguna compañía pondrá en riesgo unas garantías tan elevadas para el nivel de complejidad de nuestro país y por consiguiente quedarán fuera numerosas compañías y proyectos que necesitamos.
El riesgo es supremamente alto para que ningún generador deposite estas garantías, ya que las garantías se ejecutan por causas ajenas al generador. Este es un escenario muy preocupante para un sector todavía naciente como las energías renovables que vulneraría la seguridad jurídica del sector si no existe un proceso transitorio para resolver los inconvenientes de los proyectos actuales en desarrollo sin un cambio de reglas a mitad del camino.
Para los inversionistas y generadores tanto locales como extranjeros es necesario un marco regulatorio claro y estable. El Ministerio y la propia CREG como reguladora no han tenido en cuenta el impacto negativo del cambio regulatorio sin garantizar un periodo transitorio claro y transparente. El respeto a las reglas del juego implica la congruencia entre la Constitución y el libre acceso a la red. Solo bajo estas condiciones de estabilidad jurídica con un periodo transitorio conseguiremos recuperar el tiempo perdido y ser un referente en la región.