En medio del debate, el Gobierno les daría espacio en el concurso a las plantas hidroeléctricas, al considerar que, si bien son convencionales, también son sostenibles.

En una verdadera papa caliente se le ha convertido al Gobierno Nacional el tema del decreto que reglamenta la subasta para introducir las energías renovables no convencionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Lo que comenzó siendo un trámite rutinario de revisión y aprobación al citado documento en la Oficina Jurídica en la Casa de Nariño, previo visto bueno final por parte del Ministerio de Minas y Energía (MME), terminó por empantanarse debido a que en los últimos días los generadores de fuentes hídricas le han demandado al jefe de Estado que se los tenga en cuenta en la subasta.

EL DEBATE

En una misiva enviada al despacho del presidente de la República, el pasado 8 de marzo, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), le piden al Ejecutivo que cualquier ingreso de nueva generación sea producto de la libre competencia entre tecnologías y agentes para asegurar la atención continua y precios eficientes a los usuarios.

“Hasta el día de hoy las subastas se han hecho basadas en la capacidad de generar energía en firme y ha sido el mercado el que ha definido la estructura de la canasta de generación. Lo que proponemos es que continúe el mercado decidiendo esta estructura y por ello reiteramos la importancia de que puedan participar diferentes tecnologías en los esquemas de expansión que proponga el gobierno”, dice la carta.

Una vez se conoció el contenido de esta, las opiniones de las firmas que están interesadas en entrar al SIN con el montaje de las plantas eólicas y solares no se hicieron esperar. “La solicitud viene de empresas generadoras hídricas que poseen el cargo por confiabilidad y además tienen remuneración por la energía entregada”, señaló uno de los agentes de generación renovable no convencional. La fuente, que solicitó reserva de su nombre, agregó que no se presentaría un equilibrio en la puja, ya que el proceso estaría diseñado para la generación y venta de energía a través de los contratos de largo plazo.

Por su parte, la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), en otra comunicación enviada también al jefe de Estado, pero un días después a la de la Andi y Acolgen, precisa que ha presentado propuestas de mecanismos de largo plazo que son compatibles con el actual marco regulatorio y que a su vez implican la participación de nuevos agentes y tecnologías.

“La competencia, competitividad, estabilidad de precios, diversificación, complementariedad y sostenibilidad del sistema son objetivos que no se garantizan mediante un único mecanismo de expansión fundamentado en la confiabilidad”, señala la carta de SER Colombia.

Y a renglón seguido reitera que “se presenta la necesidad imperiosa de contar con un mecanismo de contratación de largo plazo que les permita a las tecnologías renovables no convencionales incursionar en el mercado y proveer una oferta nueva de contratos de largo plazo que cubra a los usuarios finales de las volatilidades en los precios de energía”.

CONTENIDO DEL DECRETO

Portafolio estableció con diversas fuentes del sector que la nueva versión del decreto les daría entrada a la subasta a plantas de generación hídrica, tanto nuevas como existentes, y ya no de manera exclusiva a las renovables no convencionales. Es decir que se establecería una fórmula ponderada en la cual las empresas que participen en la subasta se respalden mutuamente dentro de la matriz energética actual.

Así, la norma no solo beneficiaría los convenios extendidos en el tiempo para las renovables no convencionales, sino que de paso se sincronizaría con plantas de generación hídrica (nuevas o existentes) para que se diversifique el SIN a precios competitivos.

El mecanismo daría resultado con una norma tarifaria que trazaría la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en la que tendrían cabida los contratos a largo plazo para la entrega de energía, con lo que se garantizaría la confiabilidad de la oferta, según le dijeron varias fuentes a este diario.

“Consideramos que definir un mecanismo para contratar a largo plazo la venta de su energía es un incentivo para invertir en este tipo de proyectos y para dar certidumbre sobre los nuevos recursos para el corto y mediano plazo”, señaló el ministro de Minas y Energía,Germán Arce Zapata en una entrevista reciente concedida a Portafolio.

Para el Gobierno nacional, el principal objetivo del citado decreto es alcanzar la meta de reducción de emisiones de CO2 del sector de generación de energía eléctrica para el año 2030.

Esto se lograría a través de la integración de energías limpias que se puedan contratar a largo plazo.

“La reducción está calculada en 4,7 millones de toneladas, que según proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y de otras agencias, correspondería a una capacidad instalada entre 1.500 y 3.000 megavatios al año 2030”, señaló el jefe de la cartera minero-energética.

Tanto para las empresas de generación renovable convencional como no convencional, el decreto que expediría en los próximos días el Ejecutivo, consierado como la hoja de ruta para la próxima subasta de energía, permitirá que la cuota de producción de mercado de los proyectos pase del 2% al 15% en cinco años (2023).

“Se espera que al desarrollar el potencial de las fuentes renovables se aproveche la complementariedad, buscando abastecer la demanda a precios competitivos aún en épocas de hidrología crítica, lo que se traduciría en mejoras en las tarifas finales para los usuarios”, reiteró el ministro Arce Zapata.

Fuente: PORTAFOLIO