La misión de expertos del sector eléctrico le hizo recomendaciones al Gobierno para ajustar la regulación y la competencia de los jugadores. Además, para definir el futuro del gas y darles una visión más equitativa a los subsidios. Estos son los temas más sensibles.

A principios de la década de los noventa, el sector eléctrico en Colombia tuvo su punto de quiebre. Un intenso Fenómeno de El Niño, sumado a controvertidas decisiones sobre el manejo de los recursos hídricos de los embalses y complejas situaciones financieras de muchas de las empresas del sector, condujeron a un duro racionamiento de energía. Al final, le costó al país cerca de 2,5% del PIB de esa época, hoy más de $20 billones.

El episodio detonó grandes cambios en los servicios públicos y, en especial, en el sector eléctrico. Todos ellos se manifestaron en las leyes de servicios públicos y la eléctrica de 1994.

Durante estos 25 años, gracias a esa legislación y a los ajustes en materia regulatoria, el país no ha repetido la fatídica historia de un racionamiento. Por el contrario, varios hechos han consolidado al sector de energía como uno de los más poderosos y relevantes del país. Entre ellos están la revolución que representó el gas en la matriz energética, la inversión extranjera en este sector, la transformación empresarial, que llevó a muchas compañías casi inviables a convertirse en poderosas multilatinas y protagonistas del mercado de valores, y hasta el desarrollo de las energías renovables no convencionales.

Más allá de eso, el sector se ha venido transformando. Hay nuevos agentes y jugadores en el mercado, y también novedosos desarrollos tecnológicos. Además, crece la importancia de que el usuario consuma con inteligencia e incluso genere su propia energía.

Más movimientos en el sector energético

Hace poco más de medio año, el Ministerio de Minas y Energía convocó una misión de transformación energética y modernización del sector, compuesta por expertos nacionales y del exterior. Su tarea: construir propuestas en varios frentes: competencia y mercado eléctrico; el desarrollo del gas natural; la descentralización y gestión eficiente de la demanda; la equidad, en materia de cobertura y subsidios, y los ajustes institucionales y de regulación.

Los temas sensibles

Hace una semana la misión publicó sus propuestas al Gobierno y hay temas sensibles en la discusión. Pero tal vez el mayor es el de los subsidios. En especial con las tensiones sociales que viven Colombia y muchos países del mundo y cuando tocar precios o subsidios en productos energéticos se ha convertido en uno de los principales combustibles para la protesta social.

En cobertura de electricidad, Colombia tiene todavía una brecha: unas 500.000 familias siguen sin acceso a la energía eléctrica. Pero, por el otro lado, también hay ineficiencias en los subsidios. Cálculos del Ministerio de Minas señalan que 90% de los hogares tienen subsidios de energía eléctrica, en un contexto donde la pobreza monetaria no llega a 30% y la pobreza multidimensional no alcanza 20%. El Ministerio gira casi $3,2 billones en subsidios, pero parece que no están llegando a donde toca. Además, en los últimos años, el promedio del déficit en subsidios, solo de electricidad, fue de $150.000 millones mensuales.

La Ley de Servicios Públicos establece el monto de los subsidios en función del estrato, pero la estratificación tiene problemas. Hay población ubicada en el decil de mayores ingresos que vive en estrato 1, y otros de bajos ingresos que están en estratos 5 y 6. La estratificación solo consulta el predio donde viven las familias, pero no la situación de cada una de ellas. Y allí hay un corto circuito.

“La recomendación es desmontar el estrato como criterio de asignación de los subsidios, pero eso es muy difícil porque es abrir la caja de Pandora de la ley”, dijo uno de los expertos a Dinero. Entonces, la propuesta como salida es que el estrato siga siendo una variable clave, pero no la única. Debe tener un puntaje del Sisben que demuestre su vulnerabilidad y bajos ingresos.

Otro tema complejo es el de la estructura de mercado. La legislación de mediados de los 90 mantuvo la integración en los segmentos –generación, distribución, comercialización y transmisión– para las empresas que ya la traían. Pero a las que fueran a entrar a partir de ese momento no les permitían integrarse a la cadena.

Esta estructura del mercado ha generado algunas tensiones por las ventajas que podrían tener jugadores integrados frente a los que no lo son. “La recomendación en competencia fue: a todos los jugadores hay que tratarlos con el mismo rasero”, le dijo a Dinero uno de los participantes de la misión.

También ha generado debate el cargo por confiabilidad. Es el valor que los usuarios pagan por tener disponibles las plantas de generación en los más extremos momentos climáticos o de suministro de combustibles. El esquema ha sido muy discutido y controvertido, aunque ha sido clave para garantizar que el sistema haya operado con éxito y sin registrar racionamientos. En 2019 se presentaron un par de proyectos de ley para reformar este cargo.

La misión propone una senda de transición para, inicialmente, separar las subastas del cargo por confiabilidad para plantas nuevas y existentes. Y en el mediano plazo migrar a un sistema donde la expansión y la confiabilidad se realizarán principalmente a través de contratos de largo plazo.

La discusión alrededor del desarrollo del gas es una de las más vigentes, pues es el combustible clave en la transición energética. Pero los cálculos de sus reservas están por debajo de 10 años. Se requiere garantizar la prestación del servicio, tanto en materia de transporte como también en las polémicas plantas de regasificación propuestas. Aquí la gran pregunta es quién va a pagar esa factura y qué impacto va a tener su desarrollo en los temas tarifarios, hoy en la mira de la protesta social.

La misión propone liberalizar el mercado de la comercialización de gas, abrir el régimen aplicable a las plantas de regasificación y ajustar la remuneración del servicio de transporte y la metodología tarifaria.

Tras las recomendaciones, viene ahora la tarea de socialización, con agentes y empresas, y en marzo tener lista la nueva hoja de ruta para definir qué recomendaciones se van a adoptar, en qué periodo y qué va a requerir ajuste de ley, decreto o resolución.

El Gobierno tendrá que abordar decisiones complicadas, en momentos de alta tensión social. Deberá hacerlo para garantizar los ajustes en uno de los sectores más importantes de la economía. Una discusión de alto voltaje.

FUENTE: DINERO