Cada día mueren dos personas en el trabajo y cada hora se producen 80,5 accidentes laborales. Demora en la expedición del decreto que reclasifica las actividades económicas por nivel de riesgo, elevado costo del recaudo a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (Pila), atraso en fijación de los nuevos topes de cotización, mayor expectativa de vida de la población y que el salario mínimo crezca por encima de la inflación tienen frenada hoy la posibilidad de que más trabajadores estén cubiertos en riesgos laborales, sobre todo los de menores ingresos.

Los aseguradores dicen que han buscado por todos los medios que el Gobierno actualice algunas normas en ese frente, las cuales fueron redactadas más de dos décadas atrás, cuando las circunstancias laborales y de riesgos del país eran muy distintas a las actuales, lo que impide avanzar en cobertura.

Desde hace más de siete meses, el Ministerio del Trabajo tiene listo para la firma el proyecto de decreto con el que se hace dicha reclasificación, y, aunque los industriales y el gremio asegurador están de acuerdo con la nueva tabla que allí se incluye, dicen que la expedición de la norma, como está, no servirá de mucho, pues esta no toca las tarifas, algo esencial.

La sola expedición de este decreto no tendrá sentido ni efecto, dice Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, gremio asegurador, pues considera que si no cambian las cotizaciones, lo cual solo se hará a partir del 2020, cuando se entrará a estudiar otro decreto relacionado con su variación, no habrá mayor avance en este frente. “Ese es el ritmo al que el país avanza, y así es difícil progresar”, advierte.

El problema radica en que hay empresas que, con niveles de riesgos para sus trabajadores muy elevados, cotizan con tarifas bajas y otras, menos expuestas, pagan cotizaciones elevadas, explican los aseguradores consultados.

Este es tan solo uno de los problemas, pues advierten que a la salida de ese decreto se le han venido dando largas, producto de los constantes cambios en la dirección de ese ministerio.

Griselda Janeth Restrepo, actual ministra del Trabajo y quien reemplazó a Clara López Obregón, cumplió dos meses en ese cargo, se reunió hace pocos días con representantes del sector real y las aseguradoras para analizar ese proyecto, pero se abstuvo de firmarlo hasta conocerlo más, para lo cual pidió un plazo adicional de 20 días.

El proyecto recoge 710 actividades económicas y las reclasifica en cinco niveles de riesgo, a diferencia de la actual norma, que tiene en cuenta 604 actividades.

Hoy, las empresas que están en el nivel I de riesgo, del que hacen parte, por ejemplo, el trabajo de oficina, pagan el 0,52 por ciento del ingreso base de cotización, mientras que para las del nivel 5 de riesgo, como construcción, minas y canteras, esa tasa es 6,9 por ciento. En la medida en que las empresas reportaran altos estándares de protección de sus trabajadores, cotizarían sobre unas tasas más bajas o más altas si los empleados estuvieran desprotegidos, lo cual hoy no funciona por la falta de actualización de esas tablas.

EL TIEMPO consultó con el Ministerio del Trabajo sobre la expedición de dicho decreto, así como de los avances en materia de riesgos laborales, pero no hubo quien atendiera este requerimiento.

El costo del recaudo es otro de los obstáculos, pues, cuando se hace por medio de la Pila, a veces se paga más por la gestión que por el riesgo, sobre todo cuando se trata de trabajadoras del servicio doméstico, que cancelan entre 8.000 y 10.000 pesos al mes.

Si bien el decreto 1990 del 2016 buscaba subsanar este problema al permitir ese pago con planilla electrónica a empresas con menos de 20 trabajadores a partir de marzo de este año, y que este fuera disminuyendo hasta llegar a compañías con menos de 3 trabajadores, desde abril del 2017, hace dos meses, esa posibilidad se aplazó hasta junio del año entrante (decreto 923 de mayo).

Los elevados costos del recaudo

Cifras del sistema indican que casi el 82 por ciento de las empresas que aportan al sistema de riesgos laborales tienen una nómina de no más de 10 trabajadores.

Para esas firmas, el costo del recaudo por amparar a sus trabajadores frente a un accidente, enfermedad o, incluso, la muerte por accidente de trabajo es del 54 por ciento del valor de la cotización, es decir, casi siete veces más de lo que le vale a una empresa con más de 200 empleados.

De otro lado, según cálculos del sistema financiero, las ganancias que les dejan los pagos con planillas asistidas a la banca suman unos 350.000 millones de pesos al año, pues mientras el costo de recaudo con las planillas electrónicas es de 100 pesos, con las asistidas es de 1.000.

Pero hay dos temas más por resolver. El primero tiene que ver con una mayor expectativa de vida de las personas frente a las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos laborales, lo que significa que más longevidad eleva los costos que asume el sistema, por tanto, deben incluirse en la tarifa.

El año pasado, en prestaciones económicas, las aseguradoras pagaron cerca de 1,2 billones de pesos, que fueron a cubrir pensiones de sobrevivencia, de invalidez; auxilios funerarios; pagos por asistencia médica, quirúrgica y medicinas de los trabajadores accidentados, fallecidos o con enfermedades profesionales.

El segundo tema se relaciona con el efecto que tiene el hecho de que el salario mínimo crezca, en promedio, por encima de la inflación.

Esta situación les impide a las ARL medir de forma apropiada el crecimiento de las mesadas pensionales, afectando el costo que asumen, un problema que el Gobierno resolvió para las demás aseguradoras.

“Tenemos el absurdo de que si la pensión de invalidez o sobrevivencia es de origen común, el riesgo está cubierto, pero si es de origen laboral, no… eso no tiene ninguna lógica y afecta el desarrollo de estas coberturas”, dice el vocero gremial.

Panorama actual

Empresarios y aseguradoras concuerdan en que la implementación del sistema de riesgos laborales ha permitido reducir las tasas de accidentalidad y mortalidad en ambientes laborales, lo que ha traído una mejora en la productividad de las empresas y del país.

Las estadísticas así lo corroboran. En los últimos años, la tasa de mortalidad laboral del país, por cada 100.000 trabajadores, pasó del 12,6 al 6 por ciento entre el 2002 y el 2016.

En el 2016 se registró la muerte de cerca de dos trabajadores por día, lo que sumó unas 604.000.

Álvaro Hernán Vélez, presidente de la estatal Positiva Seguros, dice que en esta materia “veníamos de tasas del 8,5 por ciento, y el 6 por ciento del año pasado determina que sí se ha avanzado, pero aún falta mucha cultura en prevención, en la identificación de riesgos, de incorporación de programas de prevención en las empresas y sectores”.

Los accidentes laborales, por su parte, se han bajado de niveles del 8,3 por ciento por cada 100.000 a 7 por ciento el año pasado, cuando se presentaron unos 706.000, lo que equivale a 80 cada hora o 1,3 por minuto.

En cuanto a las enfermedades laborales, hoy la tasa por cada 100.000 trabajadores está en 7,07 por ciento, lo que equivalió a que el año pasado se reportaran unas 10.500, cerca de 100 más que en el 2015.

En el mundo, según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los accidentes y las enfermedades laborales ocasionan la muerte de más de 2,3 millones de trabajadores al año, lo que equivale a decir que cada 15 segundos una persona fallece en su sitio de trabajo o 6.300 ocurren por día. Si se trata solo de accidentes de trabajadores, se producen 153 cada 15 segundos.

Juan Guillermo Zuloaga, director de Capital Humano de la aseguradora AXA Colpatria, dice que esas bajas tasas reflejan la inversión en prevención tanto en accidentes como en enfermedades laborales que se llevan a cabo.

“Ahora hay más conciencia en los empleadores sobre la necesidad de una mayor prevención, lo cual ayuda a mejorar las cifras. Hay sectores más susceptibles al riesgo, como la construcción, que tenía gran accidentalidad, pero hoy cuenta con estándares de prevención que hacen que la protección a los trabajadores sea de mejor calidad”, dice el experto.

Los ingresos de las ARL por primas superó el año pasado los 3,1 billones de pesos y solo en los primeros cinco meses del 2017 ya suman unos 1,8 billones

Se estima que de esos ingresos anuales las aseguradoras invierten en prevención un 20 por ciento, lo que el año pasado equivalió a unos 600.000 millones de pesos, recursos que sumados a las inversiones de los empresarios en ese mismo frente permiten hablar de un total cercano a los 1,5 billones por año.

Gilbert Carreño, gerente de Salud y Riesgos de la firma Willis Towers, considera que Colombia tiene una de las mejores normativas en riesgos laborales de la región, que incluye temas de prevención en salud, enfermedad, accidentes y las coberturas de los tratamientos por accidentes y enfermedad laboral, pero se enfrenta a un problema grave y es la alta informalidad, que alcanza la mitad de la fuerza laboral del país que no cotiza a seguridad social. Según el Dane, se trata del 47,3 por ciento de la población.

Edificación, minería y transporte, los de más riesgos

Construcción; transporte, almacenamiento y comunicaciones, y minas y canteras son, en su orden, los sectores con altos riesgos laborales.

El año pasado tuvieron en su haber la muerte de 111, 71 y 65 trabajadores, respectivamente, esto es el 41 por ciento de los decesos laborales del país (604). Este año ya suman otros 93 accidentes mortales en solo 4 meses.

Sin embargo, advierten los aseguradores, el año pasado, mientras el sector constructor tuvo 22.000 ocupados más que en el 2015, los afiliados a riesgos laborales (RL) bajaron en 6.000.

Minas y canteras tuvo 23.000 ocupados menos, pero los afiliados a RL solo fueron 18.000.

Agricultura, por su parte, elevó sus trabajadores en 28.000, pero los afiliados solo sumaron 18.000.

Algo similar registró el sector de restaurantes, comercio y hoteles, al que llegaron 134.000 nuevos trabajadores, pero solo se afiliaron a ARL unas 70.000 personas.

La preocupación de las ARL está en que hay 11,4 millones de colombianos en informalidad laboral, y 480.500 trabajadores independientes que cotizan a riesgos laborales, pudiendo ser muchos más.

‘Falta una mayor cultura de prevención en las empresas’

El año pasado, las aseguradoras en Colombia pagaron en prestaciones económicas por accidentes, enfermedades y muertes laborales cerca de 1,2 billones de pesos, monto que se viene repitiendo en igual magnitud desde el 2013.

Esos recursos, suficientes para cubrir los 4,2 kilómetros de ampliación de la autopista Norte de Bogotá, son apenas la punta del iceberg del verdadero costo de los riesgos laborales que se asumen cada año.

“Se habla de 4 veces los costos directos de aquellos que no son vistos. Hay que tener en cuenta que el reemplazo de un trabajador incapacitado demanda el entrenamiento de otra persona para que pueda hacer la tarea de la misma forma, educación, salarios y toda la seguridad social de esta”, dice Gilbert Carreño, gerente de Salud y Riesgos de la compañía Willis Towers.

Tanto para los industriales como para los aseguradores cualquier esfuerzo que se haga por mejorar los ambientes laborales de los trabajadores es una ganancia futura para las propias empresas, los individuos y el país, de ahí la importancia de generar mayor cultura de prevención y de no evasión.

Se estima que la sola muerte de un trabajador de salario mínimo no afiliado a riesgos laborales le puede costar a una empresa más de 1.000 millones de pesos entre indemnizaciones a sus sobrevivientes y multas del Estado, sin contar que esto le puede acarrear la caducidad de su licencia comercial.

“Hay un gran reto para las empresas relacionado con la cultura de la prevención de los riesgos del trabajo. Se requiere fortalecer la gestión humana, la seguridad social, pues hay muchas empresas que no tienen, ni siquiera, un profesional especialista en seguridad y salud que conozca la normatividad”, dice Álvaro Hernán Vélez, presidente de Positiva Seguros.

Agrega que hay compañías que están en mora de identificar los riesgos propios de la actividad económica a la que están expuestas, por lo que es fundamental que reciban asesoría de las ARL, que atiendan sus recomendaciones y así tengan ambientes de trabajo más sanos para sus trabajadores. “Es necesaria la autoevaluación, la autoprotección y el autocontrol”, puntualiza.

Juan Guillermo Zuluaga, director de Capital Humano de AXA Colpatria, sostiene que en esos propósitos se ha procurado tener un sistema que premie la prevención del empleador, que en la medida que cuente con planes que reduzcan la accidentalidad obtenga una mejor tasa de cotización.

“Es como una regulación de tarifas que está sujeta a que se implemente todo un sistema de seguridad y salud en el trabajo, de manera que se pueda medir, tener indicadores de buenas o malas prácticas para tasar así el valor de esos riesgos”, explicó.

Hemos avanzado bastante, dicen las directivas de la ARL Sura, pero para continuar en esa línea y afianzar los resultados, se hace necesario fortalecer la apropiación del cuidado.

Argumentan que ese cuidado debe ser una cultura que llegue más a quienes son responsables de ello: empleadores, contratantes y a los trabajadores mismos, pues en algunas ocasiones se entiende al sistema de riesgos laborales solo como un ‘indemnizador’ del daño producido por los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, dejando de lado lo más importante: la prevención.

Carlos Arturo García M.

Redacción Economía y Negocios

En Twitter: @CarlosCarciaM66

Fuente: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/males-que-afectan-los-riesgos-laborales-en-colombia-109736