Un paso en la dirección correcta. Así vale la pena describir el proceso formal que viene adelantando Colombia con el fin de incorporar las fuentes de energía alternativas en la oferta de electricidad del país, que la semana pasada cumplió con su primer hito.
Y es que el 31 de enero se recibieron las manifestaciones de interés de las empresas que desean participar en la instalación de proyectos con una capacidad instalada global de 500 megavatios y en la compra de la energía que estos generen. En concreto, 15 firmas hicieron propuestas para 22 iniciativas, de las cuales la opción de paneles solares es la más numerosa con 17, seguida por cuatro de molinos de viento y una de biomasa, que usa la descomposición de material orgánico de origen vegetal. Del otro lado, 12 sociedades expresaron su voluntad de adquirir los kilovatios producidos.
Si todos los sobres entregados recibieran luz verde, se superaría con creces la meta establecida. No obstante, hay que hacer una precalificación cuyos resultados se conocerán el 18 de febrero, a lo cual seguirá una subasta el 26, en la cual se conocerán los ganadores que deberán suscribir los contratos del caso a finales de marzo. El propósito es que antes de acabar el 2021, las diferentes plantas se encuentren en operación.
En los dos años siguientes debería quedar instalada una capacidad de mil megavatios adicionales, con lo cual la matriz energética empezaría a diversificarse en forma evidente. Ello no solo servirá para garantizar que el país se encamine a cumplir los compromisos internacionales suscritos con respecto a las emisiones de dióxido de carbono, que ocasionan el ‘efecto invernadero’, sino que se aminoran los riesgos de un eventual racionamiento.
Como es bien conocido, el aplazamiento en la entrada al sistema interconectado de la hidroeléctrica de Ituango, puede convertirse en un dolor de cabeza mayúsculo en unos años. El que no haya claridad sobre el estado de la casa de máquinas de la central, impide dar una fecha cierta de operación de las turbinas que estaban siendo instaladas, cuando se presentó la emergencia de abril pasado.
En los escenarios técnicos, si la energía de ese proyecto llega a partir del 2022, la posibilidad de cortes de luz obligatorios aumenta, especialmente en caso de darse un fenómeno del Niño de categoría fuerte. Debido a ello, las fuentes de energía alternativas son una especie de seguro, entre otras razones porque tanto la luminosidad como la fuerza del viento son mayores en épocas de sequía.
Sin embargo, vale tener en cuenta algo que es clave: un megavatio instalado en un parque solar o eólico no equivale al de una termoeléctrica, por la sencilla razón de que sus fuentes no son permanentes. A menos que se supere el cuello de botella del almacenamiento –algo que no sucede con las baterías existentes– la energía que se genere debe consumirse de manera inmediata. Puesto de otra manera, el pico de demanda residencial de comienzos de la noche, solo se supliría parcialmente por esta vía.
Ello quiere decir que Colombia no puede apostarle todas las fichas a un solo caballo, sino ampliar las opciones, algo que es bien conocido por parte de las autoridades y que reflejan las políticas en marcha. Eventualmente, en la medida en que la tecnología avance, los obstáculos actuales serán menores, pero eso demorará todavía un buen lapso de tiempo.
En el intermedio, hay que continuar por la senda trazada y preservar un esquema normativo que funciona bien, así requiera ajustes puntuales a la hora de distribuir las cargas. Lo fundamental ahora es que el proceso que arrancó la semana pasada siga por el camino adecuado y que las inversiones estimadas en 500 millones de dólares en esta fase inicial se hagan, abriendo la puerta para que Colombia comience a aprovechar su enorme potencial en la materia.
FUENTE: PORTAFOLIO