El potencial hidrológico de Antioquia no solo permite el desarrollo de grandes proyectos de generación de energía (se estima que Hidroituango aporte 2.400 megavatios) sino de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH, entre 1 y 20 megavatios).
Según el registro de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), los PCH representan 78 % del total de proyectos activos, lo que refleja el interés de los promotores por las plantas menores.
En Antioquia, de 67 proyectos activos, según la Upme, al menos 21 son PCH. Sin embargo, el listado se prolongará en el mediano plazo debido a que hay 10 que están pendientes de licenciamiento ambiental por parte de Corantioquia (autoridad ambiental).
Con el fin de revisar la normatividad vigente para otorgar el permiso y resolver dudas de procedimiento, 82 representantes de empresas del sector de generación de energía establecieron mesas de concertación con Corantioquia. Los privados, liderados por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), firmaron un acuerdo en el que unificaron criterios técnicos en la presentación y evaluación de estudios ambientales.
En cuatro subregiones
José Fernando Villegas, director seccional de la CCI, explicó que durante seis meses se sentaron con 15 técnicos de Corantioquia con el fin de estandarizar criterios para licenciar PCH. “Este es un potencial que tiene Antioquia y coincide con el momento de Hidroituango. Clarificamos la política y la unificamos”, indicó.
Los proyectos solicitados, según Corantioquia, están ubicados en las subregiones del Suroeste (en los municipios de Tarso y Jardín), del Norte (San Andrés de Cuerquia y Briceño), en el Magdalena Medio (Caracolí y Maceo), Nordeste (Yolombó, Amalfi y Cisneros) y Occidente (San Jerónimo). Según Villegas, además de firmar el documento, se estudiaron los casos de los proyectos que estaban atascados, aunque, adelantó, hay otros en cola para ser radicados.
Reglas claras
Carlos Andrés Naranjo Bedoya, subdirector de Regionalización de Corantioquia, dijo que la revisión de inquietudes y disparidades de criterios busca que no se cometan errores en la aplicación de la normatividad ambiental a la hora de pedir los permisos.
“Buscamos proteger el patrimonio y la riqueza hídrica de nuestra jurisdicción, en encontrar reglas claras para las solicitudes”, indicó.
Naranjo Bedoya contó que las principales controversias generadas durante la solicitud de licencias, tienen que ver con la definición del área de influencia de los proyectos y con el caudal ecológico que se debe garantizar (mínimo que debe mantenerse en un curso fluvial al construir una represa o una captación). Asimismo, con los parámetros de protección de la fauna y la flora y con el nivel de detalle de estudios y diseños que se deben poner a consideración de la autoridad ambiental.
La central Juan García, en Liborina, fue la última PCH en entrar en operación, en agosto pasado. Aporta 4,5 megavatios para el Sistema Interconectado Nacional y genera utilidades para los municipios de Liborina (24 %), Olaya (10 %) y Sabanalarga (10 %) que son socios de la central.
FUENTE: EL COLOMBIANO