Ecuador busca inversión privada por unos US$400 millones para el desarrollo de proyectos de energía eléctrica no convencionales con una capacidad conjunta de 310 megavatios, como parte de un ambicioso plan para cambiar su matriz energética, dijo el martes el Ministro de Energía.
La construcción un proyecto fotovoltaico y otro eólico, los primeros a gran escala que se desarrollarán en el país, forman parte de un plan del presidente Lenín Moreno para atraer una inversión de más de US$6.000 millones para construir nuevas centrales para el abastecimiento interno y la exportación a sus vecinos.
"Marcamos un hito por el hecho de lanzar al mercado dos proyectos de energía renovables no convencionales que hoy no existen en Ecuador. Son proyectos extremadamente importantes para cambiar la matriz energética", dijo el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez.
El proceso de selección del operador privado se abrirá en 30 días y hay interés de empresas de Alemania, Canadá, Dinamarca, España, China, Japón y Chile, entre otras.
El proyecto fotovoltaico El Aromo, en la provincia costera de Manabí, tendrá una capacidad instalada de 200 megavatios y "desde su puesta en operación comercial, se reducirían alrededor de 128.000 toneladas de CO2 al año y se evitaría el consumo de Fuel Oil", explicó el ministerio en una presentación.
Mientras que el eólico Villonaco estará ubicado a unos 2.800 metros de altura en la provincia de Loja al sur y tendrá una generación de 110 megavatios.
En los primeros meses del 2020, el Gobierno lanzará una licitación para la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas con una capacidad conjunta de casi 3.000 megavatios y una termoeléctrica de ciclo combinado de gas natural de 1.000 megavatios por etapas, según datos oficiales.
El país apostó durante la década de gobierno del expresidente Rafael Correa a la construcción de millonarios proyectos hidroeléctricos, que en algunos casos han presentado fallas técnicas de operación y otros aún no se concluyen por problemas con los inversores privados.
FUENTE: LA REPÚBLICA