Son cuatro los escenarios que se presentan para la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe una vez se realicen las subastas con las que el Gobierno busca un nuevo inversionista o inversionistas que reemplacen a Electricaribe. Esto, a tres años de su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.
La primera alternativa es la apuesta del Gobierno y consiste en segmentar el mercado de energía de la Costa y crear dos empresas prestadoras del servicio: CaribeSol y CaribeMar.
Con la segmentación del mercado, se contempla crear un Centro de Servicios Compartidos que funcionará como una nueva sociedad por acciones que prestará servicios transitorios a las nuevas empresas, mientras implementan sus propios procesos, soluciones e infraestructura.
En el proceso de búsqueda del nuevo operador también se plantea una segunda salida y es que el mercado se entregue a un solo proponente, en cuyo caso se crearía la empresa Nueva Caribe.
Así quedó establecido en la séptima adenda al reglamento de presentación de ofertas vinculantes, publicado recientemente por la agente especial de Electricaribe, Ángela Rojas.
Nacionalizar
El documento también plantea que en caso de que las subastas programadas para diciembre de este año se declaren desiertas, la agente especial tomará “las medidas que considere convenientes para dar uso a los activos de la compañía y asegurar la continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe”, con calidad y eficiencia. Esto implicaría la nacionalización de la empresa, que sería un tercer escenario.
Cabe recordar que a finales de junio pasado, como lo publicó EL HERALDO en la noticia titulada “Nacionalizar, el plan B del Gobierno para Electricaribe”, la ministra de Minas y Energía dijo: “Me han preguntado que qué pasa si no llega (el operador), dije que si no llega no vemos ningún otro camino por ahora que nacionalizar, pues ya lo que se está ofreciendo ahora mismo es una estructura de activos”.
Expertos consultados aseguran que el cuarto escenario sería la creación de una empresa mixta que cuenta con participación del Estado y de capital privado. “Es posible que si se comparten las inversiones con la Nación pueda haber interés de inversionistas privados”, dijo un analista del sector.
El proceso
Este 25 de noviembre es una fecha clave pues se conocerá si alguna de las seis empresas que fueron precalificadas para el proceso va a oficializar su interés por asumir el manejo de la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía en la región.
Es la fecha final para la recepción del sobre digital de documentos de la oferta. Entre las seis empresas precalificadas hay tres nacionales y tres internacionales. Celsia es unas de las compañías nacionales que ha manifestado su interés en el negocio.
Reacciones
Para el experto en sector eléctrico, Carlos Diago, la segmentación es favorable para la prestación de servicio en la región pues considera que se pueden agilizar las inversiones que se requieren y que estas lleguen a las zonas más vulnerables de la Costa. “Cuando había dos mercados en la Costa se trabajaba bien”, señaló.
La Costa Caribe representa el 25% de la demanda de energía a nivel nacional.
Sobre la creación de centro de servicios, otro experto aseguró que “se espera que no se constituya en un mecanismo para continuar el desangre de la empresa, tal y como sucedió por mas de 10 años con empresas del mismo grupo o consultores estratégicos que se usaron para sacar recursos vía costosas e innecesarias consultorías”.
“Lo que se plantea en la séptima adenda es positivo”.
Restricciones
La nueva adenda también establece unas condiciones que deben cumplir los adjudicatarios del proceso.
Entre ellas están que en los tres años siguientes al cierre de la negociación, los adjudicatarios no podrán decretar o pagar dividendos o anticipos de dividendos.
El objetivo de esta medida en que la mayoría de los recursos se destinen para las inversiones que requiere la empresa que están en el orden de los $8 billones para poder mejorar la prestación del servicio, por lo que los expertos consultados consideran que es algo positivo.
“Me parece que lo planteado en la adenda es positivo, pues se busca un compromiso de largo plazo por parte los nuevos inversionistas”, dijo Ricardo Plata, presidente del Comité Intergremial del Atlántico.
El documento establece que no se podrá transferir directa o indirectamente parte del negocio adquirido ni transferir, total o parcialmente, la acciones de CaribeSol, de CaribeMar o de Nueva Caribe. Se prohíbe, entre otros, emitir acciones o cualquier otra forma de participación en el capital en la empresa o empresas que se conformen.
Garantías
El reglamento establece que cada inversionista adjudicatario deberá obtener nuevas garantías de compra de energía y para garantizar sus obligaciones bajo los contratos de compra de energía que le sean transferidos, con posterioridad a la fecha de cierre, ya sea por Nueva Caribe o CaribeSol o CaribeMar.
Si la nueva sociedad o sociedades no obtiene las garantías, deberá asumir los efectos contractuales y económicos derivados; además, será responsable frente a Electricaribe y terceros todo perjuicio ocasionado por la falta de energía para prestar adecuadamente el servicio en la zona de cobertura.
También deberá entregar al Fondo Empresarial de la Superservicios una garantía del Plan de Inversiones.
“Las garantías para las compras de energía y la sustitución patronal, no se pueden destacar como nuevas exigencias, son actuaciones normales dentro de este tipo de procesos; la primera para honrar los compromisos con los agentes del sector eléctrico especialmente con los proveedores de energía, bien sea adquirida mediante contratos bilaterales o a través de la bolsa de energía. La segunda, es para preservar los derechos y compromisos con los trabajadores”, agregó un analista.
FUENTE: EL HERALDO