Ante la ola de desinformación de algunos líderes de opinión sobre la línea de transmisión de energía Proyecto Norte, que contempla la construcción de 344 torres eléctricas en un recorrido de 162 kilómetros entre San Luis de Gaceno, en Boyacá, y Tenjo, en Cundinamarca, como gerente de este proyecto quisiera aclarar muchos mitos y dudas que se han sembrado.
Lo primero que se ha dicho es que el Grupo de Energía Bogotá, empresa encargada de la construcción del proyecto, ha cerrado los canales de comunicación con la comunidad. Nada más alejado de la realidad, pues desde que inició el proyecto la empresa ha realizado más de 1.029 espacios de socialización del proyecto.
Quienes han cerrado los canales de comunicación son algunos alcaldes, que han negado los permisos para el uso del parque central de los municipios desde donde se podría generar espacios de socialización masiva a los ciudadanos sobre los alcances e impactos del proyecto, así como los cuidados ambientales, las opciones de los trazados y las compensaciones y presentar de manera detallada el trazado del proyecto en cada municipio, y además poder aclarar inquietudes particulares de la comunidad.
Es el caso de los mandatarios municipales de Tabio, Subachoque, Madrid, Zipaquirá, Nemocón, Tenza y Gachancipá, quienes paradójicamente a la vez que denuncian en las audiencias públicas programadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que hace falta socialización del proyecto, niegan la utilización de espacios públicos de gran confluencia por parte de la comunidad en su municipio para brindar información a la ciudadanía.
Sin embargo, hemos buscado otros medios para que la información les llegue a los habitantes, como lo son programas radiales, establecimiento de puntos de información en las sedes de la Policía Nacional, distribución de boletines informativos y las mismas audiencias públicas. En total, vale la pena reiterar, hemos realizado más de 1.029 espacios de socialización.
Una segunda acusación que es recurrente, la cual también es promovida en gran medida por algunos alcaldes, es que el proyecto va en contra del Plan de Ordenamiento Territorial. Aquí se nota que hay desconocimiento de la norma por parte de las autoridades municipales. El servicio de electricidad es de interés social, y por lo tanto, según el artículo 1 del decreto 2201 de 2003, es el municipio el que debe armonizar su ordenamiento territorial a los proyectos de utilidad pública de interés social y no al revés.
“Artículo 1º. Los proyectos, obras o actividades considerados por el legislador de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantados por esta en todo el territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad contractual, previa la expedición de la respectiva licencia o del correspondiente instrumento administrativo de manejo y control ambiental por parte de la autoridad ambiental correspondiente”.
Un tercer punto tiene que ver con la falsa idea de que el proyecto va a acabar con las reservas forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Si bien es cierto que la línea de transmisión de energía pasa por algunos puntos, estos representan tan solo el 0,001% de la reserva. Para ser más exactos, vamos a pasar por 1,61 hectáreas de las 94.000 hectáreas que componen la reserva. En zonas con ecosistemas naturales tan solo vamos a pasar por 0,35 hectáreas, espacio que equivale a media cancha de fútbol.
Además, desde la etapa de diseño se implementaron acciones de ingeniería para evitar la tala de árboles y manejar, cuidar y preservar los árboles y bosques que se encuentran entre torre y torre, es decir, lo que está debajo de los cables que transmiten la energía.
Este punto es muy importante dejarlo claro. El Grupo Energía Bogotá se rige por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), expedido por el Ministerio de Minas y Energía, el cual establece los parámetros necesarios que deben cumplir este tipo de proyectos para proteger la vida de toda clase.
No solo hemos tomado las medidas para intervenir lo mínimo en los espacios de reserva ambiental, sino que estamos construyendo con las autoridades ambientales y la comunidad mecanismos de compensación.
Uno de estos mecanismos tiene que ver con la adquisición de alrededor de 2 hectáreas dentro del área protegida para realizar allí proyectos de rehabilitación y conservación en compensación por la sustracción otorgada y adicionalmente, debemos realizar compensación por intervenir las 0,35 hectáreas de ecosistemas naturales de la reserva.
Estamos evaluando la forma de realizar esta compensación, que puede ser con la adquisición de predios para conservación o estableciendo un programa de pago por servicios ambientales con la comunidad.
Fuente: LAS2ORILLAS