La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, lo dijo claro en entrevista con El Espectador: “Mi trabajo comienza por convencer al presidente Duque de que el fracking se puede hacer de manera responsable y segura”. Según su postura, el uso de esta técnica podría aumentar las reservas estatales de gas y de petróleo. Pero ante los riesgos ambientales que implicaría esta técnica, la Alianza Colombia Libre de Fracking radicó un proyecto de iniciativa legislativa para evitar la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Y ahora se suma una acción popular interpuesta por el abogado Álvaro Diazgranados de Pablo que busca frenar su uso por vía judicial.
¿Qué es el “fracking”? Es un método no convencional para extraer petróleo o gas de piedras que se encuentran a kilómetros de profundidad y que son supremamente compactas. Para romperlas es necesario inyectar en el subsuelo una gran cantidad de agua mezclada con químicos a presión para hacer fluir el hidrocarburo. La polémica reside en que este mecanismo, según estudios técnicos, podría contaminar el agua potable o aumentar la actividad sísmica. La acción popular que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conocida por El Espectador, pide evitar su uso con un propósito mayor: proteger el medioambiente.
La acción popular tiene tres argumentos: afectación al medioambiente, a la salud y falta de regulación en cada uno de los pasos del fracking. Desde el tipo de químicos que se utilizan hasta medidas de contención, planes de urgencia y tratamiento de las aguas residuales. “Existe un peligro inminente con muchos aspectos. Hay más de 20 químicos cancerígenos potenciales que se usan. Los químicos en el subsuelo pueden contaminar fuentes hídricas subterráneas de manera inmediata y el subsuelo como tal”, señaló Diazgranados a este diario. El jurista cita documentos para respaldar su postura.
Inicialmente, una función de advertencia de la Contraloría General del año 2012, en la que señaló cómo una “parte de esa agua contaminada vuelve a la superficie y otra se dispersa en los acuíferos, aguas freáticas y pozos de agua potable”. Esto tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta que el fracking necesita más agua de la que se usa en la exploración convencional. En ese sentido, el abogado Diazgranados promovió primero un derecho de petición a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para preguntar si es posible potabilizar el agua utilizada.
La entidad respondió que no se tiene técnica primaria sobre la cantidad de agua que se puede recuperar en superficie en la exploración de los yacimientos no convencionales. Y que, si bien se puede reutilizar una parte para la misma actividad, esa agua de retorno “no es potable y que el porcentaje que se puede potabilizar dependerá estrictamente de la tecnología que se implemente para ese fin”.
La acción popular cita un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y tres más publicados en la revista científica Science Advances. En ellos se asocia la fracturación hidráulica con la contaminación del agua y las afectaciones a la salud de bebés nacidos de madres que viven a menos de tres kilómetros de un pozo. Otro estudio de la Universidad de Yale asegura que el fracking podría estar relacionado con aumento de enfermedades en la piel y en el tracto respiratorio superior, entre comunidades cercanas. El otro riesgo en el que recalca la acción popular tiene que ver con un posible escape de químicos y fluidos derivados por la sismicidad que implica el fracking y la aparente falta de tecnología para detectar variaciones cerca de los pozos de exploración o en la producción de estos yacimientos. “Colombia carece de la tecnología mínima para la ejecución de una actividad tan riesgosa y debe improvisar en el fracking para brindar condiciones técnicas que permitan vigilar la sismicidad”, señala el documento.
La demanda de 32 páginas, con anexos de 123 folios de informes y derechos de petición, alega falta de medidas suficientes para el control de los residuos radiactivos. Y advierte, basada en información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que algunos de los 48 bloques de hidrocarburos con yacimientos no convencionales se desarrollarían en territorios indígenas o en varias zonas de protección medioambiental. Para el abogado, la falta de una regulación que contemple todos estos asuntos prioritarios es un factor que implica un riesgo potencial si se desarrolla la técnica del fracking en el país.
“Se acude ante esta instancia para clamar la prohibición de estas actividades hasta tanto se expedida una ley por parte del Congreso que prevenga y controle los factores de deterioro ambiental, imponga sanciones, exija la reparación de los daños y garantice el desarrollo sostenible del medioambiente”, dice la demanda. La acción pretende que la justicia suspenda la posibilidad de hacer fracking en Colombia hasta que las autoridades estatales comprueben, con certeza, que esta técnica es inofensiva.
Esta solicitud como medida cautelar está siendo estudiada por el magistrado que lleva el caso, Moisés Rodrigo Mazabel, de la Sección Primera. De fondo, la acción popular busca que, de comprobarse que el fracking genera peligro al medioambiente y a la salud, se prohíba por completo en todo el país apelando al principio de precaución, un concepto jurídico que, en palabras sencillas, plantea que, ante la existencia de un peligro de daño grave e irreversible, o ante la falta de certeza científica absoluta, se debe inclinar la balanza hacia el medioambiente a la hora de tomar decisiones. En este caso, a la hora de avalar licencias ambientales.
“¿El Estado no se convierte en cómplice de enfermedades y daños que se causen con el fracking, como consecuencia de la omisión del principio de precaución? ¿Por qué no hay un estudio que desvirtúe la posibilidad de que la inyección de químicos altamente radiactivos al subsuelo implique un daño irreversible tanto a la salud como al medioambiente? ¿Existe supervisión de los productos químicos que se inyectan? ¿Están definidos los lineamientos para el tratamiento de las aguas desechadas?”, son preguntas que se hace el demandante y espera resolver con la acción popular.
Diazgranados dijo que acudió ante la justicia porque las respuestas de las autoridades parecen demostrar una improvisación sobre el fracking y sus potenciales riesgos. “Somos un país dependiente de los recursos fósiles y nuestra política es extraer, explotar o contaminar y no tener cuidado. No buscamos alternativas limpias. Busco que un juez diga que, como no se ha demostrado que el fracking sea responsable, se suspenda hasta que se certifique que no va a haber daño”. La acción fue coadyuvada por el congresista Juan Carlos Losada.
FUENTE: EL ESPECTADOR