Es fundamental resaltar que el cargo por confiabilidad no es un seguro, como erróneamente se viene afirmando. Este es un pago que se hace mes vencido a los generadores eléctricos por la disponibilidad de las plantas durante el mes anterior para cubrir costos fijos que incluyen las inversiones en expansión , optimización y actualización tecnológica en los mantenimientos mayores, pólizas de seguros, pago de impuestos, tasas y contribuciones, nómina y programas ambientales y sociales.
De otra parte, los gastos de operación y combustible se cubren al momento de generar, una vez las plantas venden su energía y reciben el pago por tal venta. Podría decirse que es una remuneración en dos partes: una fija, por contar con el servicio, y otra variable cuando este se presta, tal como aplicaba antes para la telefonía celular.
En caso de incumplir, las empresas son penalizadas con la disminución del pago del cargo, al punto de que, incluso, deben devolver el dinero recibido hasta la última vez que haya operado efectivamente la planta. Dista este esquema de un ‘seguro’ que se paga ‘anticipadamente’, como lo han querido presentar.
Entonces, en el fenómeno de ‘El Niño’ pasado no fue que las plantas de generación se hayan “robado” el cargo, pues es imposible robarse algo que se recibe solo después de haber prestado el servicio efectivamente. Lo que pasó en el 2015 y el 2016 fue que el pago máximo al vender la energía (Precio de Escasez) estaba en 300 pesos por kilovatio hora ($Kwh), lo que no alcanzaba a cubrir los costos de operación de las plantas. Es como si un taxista tiene su carro parqueado y recibe un pago por la disponibilidad del vehículo (cargo por confiabilidad), pero no obtiene plata suficiente para cubrir el costo de la gasolina consumida porque el valor regulado para pagar la carrera (precio de escasez) es inferior al costo del combustible.
Es así como Termocandelaria, una planta de generación que funcionaba en ese momento con diésel, como combustible principal, al no haber entrado aún en operación la terminal de importación de GNL de Cartagena, tenía costos de operación de 600 $Kwh y fue la primera que no resistió el hecho de tener que generar a pérdida. Luego de que sus accionistas se vieron obligados a tomar la decisión de no ofrecer su disponibilidad, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), que tomó la decisión de operarla, pero sin las obligaciones del cargo; es decir, podía vender su energía por encima del precio de escasez y no perder dinero en su operación diaria. La empresa fue sancionada por la SSPD y, adicionalmente, penalizada en el esquema del cargo.
Una vez el Gobierno Nacional tomó la decisión de modificar el precio de escasez, los incentivos se ajustaron y la totalidad de las térmicas continuaron operando, sin embargo, el daño ya estaba hecho y el parque térmico –que generó el 55 por ciento de la energía durante ‘El Niño’ pasado–, tuvo pérdidas del orden de los 250 millones de dólares.
El cargo ha sido exitoso por varias razones: la primera, es que desde su implementación en la década de los 90 el país ha sufrido cinco fenómenos de ‘El Niño’ y nunca ha tenido que racionar un solo minuto de energía por indisponibilidad de generación, como ha sucedido en Ecuador, Brasil y Argentina. La segunda, el cargo ha permitido incrementar la capacidad de generación del país en 60 por ciento desde el 2008, con inversiones que superan los 10.000 millones de dólares. Hoy, contamos con un parque de generación en óptimas condiciones y disponible para atender las necesidades de los usuarios.
Recordemos que en 1991 el país tenía una capacidad instalada de 8,356 MW, con una proporción tecnológica de 78 por ciento hidráulica y 22 por ciento térmica, y una demanda máxima de 6,184 MW. Hoy, gracias al cargo por capacidad que, posteriormente, fue reemplazado por el esquema actual de cargo por confiabilidad, tenemos una capacidad instalada de 16,878 MW, lo que representa un incremento del 101 por ciento versus la capacidad de 1991, para atender una demanda máxima de potencia del orden de 10,000 MW, desarrollados, en gran medida, por inversión privada, liberando recursos del Estado para inversiones de otro tipo.
Las propuestas de proyectos de Ley 130 y 132, los cuales tienen el objetivo loable de solucionar la crisis de Electricaribe, son totalmente inconvenientes, por cuanto se solucionaría un problema, pero se estaría creando otro mayor. Incorporar los recursos del cargo por confiabilidad dentro del presupuesto nacional, significaría poner a depender la confiabilidad en el suministro de energía de la tramitología que tiene el presupuesto general de la Nación. Con ello, estaríamos retrocediendo 27 años al pasado, asumiendo el riesgo de un racionamiento, como el ocurrido cuando, por culpa de que los recursos de las plantas térmicas estaban dentro del presupuesto general de la Nación, los mantenimientos nunca se realizaron, y al llegar ‘El Niño’ de 1991, las plantas no funcionaron y se nos vino el apagón. Solo por mencionar otro dato, el peso del sector eléctrico –representado en las empresas estatales– en la deuda externa del país fue del 40 por ciento durante el apagón.
Estamos de acuerdo en que la problemática de Electricaribe requiere recursos y una solución definitiva estructural, en términos de calidad y buena prestación del servicio, pero la solución no puede comprometer recursos de otros mecanismos como el del cargo por confiabilidad, que tan buenos resultados ha dado para los colombianos.
FUENTE: PORTAFOLIO