El contralor Carlos Felipe Córdoba ordenó el traslado de los expedientes a la Contraloría Anticorrupción en Bogotá. Uno de los procesos tiene que ver con los beneficios por $220 mil millones que nunca llegaron a usuarios más pobres de la Costa.

La Contraloría General de la República ya tiene listas las primeras decisiones contra Electricaribe que serían emitidas en el primer trimestre de 2019 a raíz del caso de los subsidios por $220 mil millones que nunca llegaron a los usuarios más pobres de la región sino que se usaron para disminuir las pérdidas de la empresa de energía eléctrica.

Una fuente del ente de control fiscal le dijo a EL HERALDO que “ese es un proceso que está avanzado y ya está en las últimas validaciones de pruebas. Ya los equipos están haciendo validaciones desde el punto de vista comercial, desde los módulos de impresión de facturas y desde el punto de vista contable, y se espera que para el primer trimestre ya existan decisiones”.

Esto, luego de que desde septiembre pasado los dos procesos de presunta corrupción más cuantiosos de Electricaribe, este de $220 mil millones por los subsidios que nunca llegaron a los usuarios más pobres y el de $6 mil millones por los recursos embolatados de la normalización energética, fueran trasladados al nivel central de la Contraloría luego de ser declarados “de impacto nacional”.

La orden fue del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, quien ordenó la mudanza de los expedientes a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción del ente de control fiscal.

“Ambos casos están en la etapa probatoria de rigor y próximamente se tomará la decisión de imputación o archivo”, anunció al respecto el contralor Córdoba al ser consultado sobre el tema.

Del Atlántico a Bogotá

Los dos expedientes fueron abiertos y seguían su curso inicialmente en la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en el Atlántico, pero fueron trasladados a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción “dada la cuantía involucrada y por tratarse de recursos que iban destinados a las clases menos favorecidas de la Costa Atlántica”, indicó el organismo revisor a este diario.

“Por decisión del despacho del contralor fueron impactados como presuntos delitos estos dos casos, y el propósito era que la velocidad procesal fuera la mejor, y había unas áreas que estaban siendo más ágiles que otras y se canalizaron en el nivel central y también fueron traslados a la Fiscalía”, dijo la fuente del organismo revisor.

La Contraloría agregó que la presunta responsabilidad fiscal de ambos casos recaería en los representantes legales de la empresa desde julio de 2011 hasta agosto de 2017.

Sin embargo, la Gerencia de la Contraloría General en el Atlántico aún conoce de tres procesos por más de $11.600 millones, también por presuntas irregularidades en el tema de la normalización energética.

Así como los casos declarados “de impacto nacional”, estas pesquisas también se encuentran en etapa de pruebas para su imputación o archivo.

Por otro lado, frente a la demanda internacional de la empresa matriz española de Electricaribe contra el Estado colombiano, la fuente de la Contraloría le dijo a este medio que ambos expedientes “han sido requeridos por parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Contraloría ha entregado todos los papeles de trabajo. En estas demandas, cuando están en estos escenarios, se une todo el Estado para dar todas las informaciones del proceso”.

El caso de los subsidios

Esta investigación, cuya suerte se definiría en las próximas semanas, tiene que ver con el presunto uso indebido de subsidios por $220 mil millones que debían girarse a las familias más pobres de todo el Caribe.

Este aparente daño patrimonial por parte Electricaribe se investiga desde hace dos años en la Contraloría General.

La indagación preliminar, abierta en agosto de 2017, por parte de la Contraloría Delegada de Minas y Energía, tenía por objeto “revisar en detalle la aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 y hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados”, indicó el ente de control a este medio.

Esta pesquisas, de hecho, se originó luego de que la Contraloría verificara que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas.

“Electricaribe incurrió en esta práctica durante seis años continuos, analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017”, señaló el ente de control fiscal.

El modus operandi fue que la empresa no aplicó en las facturas de los usuarios la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social, FOES, a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas.

“Para determinar esta situación, la Contraloría recurrió a un avanzado sistema de inteligencia de datos (big data), para descubrir como Electricaribe habría embolatado alrededor de $216.000 millones en subsidios para los usuarios de bajos recursos de la Costa Caribe”, explicó el organismo.

La plata embolatada de la normalización

Este segundo expediente, por más $de 6 mil millones, está relacionado con recursos de la normalización energética que no se invirtieron como correspondía en las zonas subnormales de la Costa Caribe.

Los hallazgos se detectaron en la Auditoría Especial de Fiscalización practicada a los recursos provenientes del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales, Faer, transferidos por el Ministerio de Minas a la empresa Electricaribe de 2008 a 2014.

“Los contratistas recibieron recursos por $6.078 millones sin que los proyectos, que debían ejecutarse en los departamentos de Atlántico, Guajira, Bolívar y Córdoba, se hubiesen desarrollado a cabalidad, conforme a las cláusulas respectivas” del convenio, le dijo la Contraloría a este diario.

Así las cosas, no se cumplió con los fines previstos destinados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios, produciéndose un presunto daño patrimonial de $6.078 millones.

El ente revisor concluyó que en todo este caso hubo varias anomalías, como obras con baja ejecución física y donde sin embargo se han pagado altos anticipos; proyectos terminados y que no han entrado en operación; proyectos suspendidos indefinidamente; y, en general, una muy baja ejecución de los recursos.

FUENTE: EL HERALDO