En los últimos días se han tomado dos decisiones por parte del Gobierno Nacional que auguran mejores tiempos para los resignados usuarios del servicio de energía eléctrica que presta ELECTRICARIBE con graves deficiencias. Con ellas se vislumbra la solución definitiva de la pesadilla en que se ha convertido esta empresa para sus 2.6 millones de usuarios.
En primer lugar, el pasado 21 de los corrientes la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió concepto favorable para otorgarle garantía soberana de la Nación, sin contragarantía, para que el Fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos disponga de $735.000 millones, que serán invertidos en infraestructura de redes y recuperación de pérdidas y de esta manera ELECTRICARIBE pueda cumplir con los requerimientos del expediente tarifario contenido en la Resolución de la CREG 015 de 2018.
Y el día de ayer, en el marco de una reunión propiciada y protagonizada por la bancada parlamentaria del Caribe y los siete gobernadores de la región, se obtuvo del Presidente Iván Duque el compromiso por parte de la Nación de asumir el pasivo pensional de ELECTRICARIBE, que es del orden de los $1.2 billones. De esta manera, se mejora el perfil financiero de la empresa y la hace más atractiva a aquellas que puedan estar interesadas en operar la red eléctrica del Caribe, al tiempo que que la torna más viable y sostenible. Estos dos pasos que se han dado van en la dirección correcta y abrigan la esperanza de ver, por fin, la luz al final del túnel. Esta determinación por parte del ejecutivo se justifica plenamente, ya que la problemática de ELECTRICARIBE compromete la estabilidad de todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN), ya que entraña un riesgo sistémico.
En su intervención el Presidente Duque habló de “redireccionar” el proceso de búsqueda del nuevo operador, contemplando la posibilidad de “segmentar en dos o más mercados” la región Caribe, alternativa esta frente a la cual tenemos nuestras reservas sobre su conveniencia. Ese fue el esquema inicial cuando se privatizó la distribución de la energía en la región Caribe en 1994 y la asumieron dos empresas, ELECTRICARIBE y ELECTROCOSTA. Ese ensayo fracasó y terminaron fusionándose. Cualquiera que sea la decisión que se tome estará condicionada, no podemos hacer abstracción de ello, por el fallo del laudo arbitral que dirima la controversia planteada por Gas Natural Fenosa ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho Mercantil Internacional (Uncitral).
Mientras se concretan estos anuncios, particularmente lo relativo al pensional, que le espera su trámite en el Congreso de la República, ojalá en el Plan Nacional de Desarrollo, no se debe dejar de atender otra falencia que viene afectando a todos los usuarios del servicio de energía del país. Debido al atraso en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía, especialmente en la región Caribe, tenemos un cuello de botella que limita la capacidad de transporte de energía desde las centrales de generación a los mercados a los cuales se sirve. Debido a ello se ha disparado el cargo por restricción en todo el país. Alejandro Lucio, Director de la firma Óptima Consultores y experto en el mercado eléctrico, considera como “un escándalo” el hecho que, según la Asociación colombiana de grandes consumidores de energía (ASOENERGÍA), los usuarios estén pagando en este momento a través de sus facturas más de $31 por kilovatio/hora.
Según el Operador del Sistema Interconectado Nacional XM, el costo del cargo por restricción ascendió en el 2017 a la suma de $1.2 billones y este año, al corte del 26 de noviembre los usuarios ya han cancelado por ese concepto $1.6 billones, para un incremento del 33%. Por ello comparto la propuesta de la Presidenta de ASOENERGÍA María Luisa Chiape de declarar la emergencia para desatascar la ejecución de dichos proyectos, que en número de 28 sólo 5 de ellos están cumpliendo con sus cronogramas.
Pero la crisis planteada por cuenta de los atrasos en la ejecución de los proyectos, aparejada con los mayores costos al dispararse el cargo por restricción, también puede contrarrestarse incorporando sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías, conocidos como Saeb, al SIN, para inyectarla al sistema de distribución en el momento en que la demanda así lo amerite. Con tal fin la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) expidió para consulta la Resolución 127, “con el fin único de mitigar los problemas existentes por la falta o insuficiencia de redes de transporte de energía eléctrica”. A guisa de ejemplo, el Director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) Ricardo Ramírez se pudo establecer que Barranquilla necesita instalar cuanto antes 50 megavatios de capacidad de almacenamiento para soportar y respaldar su sistema de transmisión y distribución.
En concepto de Alejandro Lucio, estos sistemas de acumulación y almacenamiento de electricidad al tiempo que pueden contribuir a reducir sensiblemente las restricciones y limitaciones de la red de transmisión de energía, son también la clave para la integración de las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) a la matriz energética del país, reduciendo su intermitencia y garantizando su confiabilidad y firmeza las 24 horas al día.
Amilkar Acosta
FUENTE: LA NACIÓN