A una semana de cerrar la fase de precalificación para saber cuáles de los seis interesados en la operación del mercado eléctrico de la costa Caribe son aptos financiera y técnicamente para presentar propuestas, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, habló con EL TIEMPO sobre el proceso.

Según la funcionaria, el problema no es de cultura de no pago, sino de ilegalidad, pues en las principales ciudades de la región hay apartamentos de estrato seis con bypass para el aire acondicionado.

¿Cuándo se inician las contribuciones que definió el Plan de Desarrollo?

Una es la contribución adicional del 1 por ciento, que se cobra desde el próximo año a más de 3.800 empresas vigiladas.

Será para fortalecer el Fondo Empresarial. Hoy los únicos recursos más o menos constantes pero inciertos son las multas y las sanciones. Ese fondo, creado para apoyar las empresas intervenidas, no tenía hasta antes de la aprobación del PND un flujo fijo constante y cierto.

Con este 1 % adicional, ¿cuánto dinero al año llegará al Fondo?

Ese 1 por ciento fijo son más o menos unos 450.000 millones de pesos al año.

¿Lo pasarán a los usuarios a través de las tarifas?

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Probablemente sí va a haber aumentos, pero el objetivo es fortalecer el Fondo Empresarial. No tenemos un flujo de recursos decente para sacar las empresas intervenidas adelante. Tengo empresas que llevan hasta 12 años intervenidas, que si uno tuviera plata, las sacaba rápido.

Tengo una lista de candidatos para intervenir, pero no las intervenimos porque no hay con qué.

La contribución adicional del 1 por ciento, que se cobra desde el próximo año a más de 3.800 empresas vigiladas

¿Y los $ 4 por kilovatio?

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Esta semana estaremos publicando la resolución reglamentaria para comentarios, que es urgente reglamentar este año.

Estos cuatro pesos ya se están causando y la resolución está casi lista.

Pasando a Electricaribe, ¿cuándo arrancan en firme las obras en la red con los avales del Conpes?

Había que incluir un esquema de gobernanza para garantizar el correcto uso de los recursos. Logramos destrabarlo y en febrero instalamos la junta consultiva, una vez se firmaron las reglas de seguimiento para los 860.000 millones de pesos.

Luego, la agente especial presentó el plan para los 125.000 millones de pesos. Ya están cerrando en este mes los contratos y los primeros trabajos comienzan en julio. Y el 28 de mayo, la junta consultiva aprobó iniciar el proceso para los otros 735.000 millones.

Los cuatro pesos ya se están causando y la resolución está casi lista.

¿Cómo están los niveles de calidad del servicio?

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Los indicadores de calidad y continuidad se han mantenido más o menos en los mismos números, pero las pérdidas de energía han aumentado y están como en el 25 o 26 por ciento.

Lo que el Gobierno ha puesto entre garantías y recursos frescos para el pago de energía y para garantizar el servicio va a terminar este año aproximadamente entre 1,5 y 2 billones de pesos, dependiendo de la ejecución de las inversiones.

¿La próxima semana dicen cuáles son los interesados?

Nunca se ha dicho que se divulgan. La empresa tiene que decirle a cada uno si quedó precalificado y que puede seguir en el proceso.

¿Cuál es el plan B si no hay propuestas o si hay por un solo mercado?

Seguir administrando la compañía. Lo que han dicho los ministros de Hacienda y de Minas es que si nos tenemos que quedar con la empresa, pues el próximo año se le tiene que bajar al presupuesto de educación, a salud y a infraestructura.

El plan B es seguir administrando la compañía.

¿Les preocupa que Enel no vaya a participar?

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No. Es una decisión corporativa. Si querían expandirse, esta es la única oportunidad, como se lo dijimos a todos los participantes en la gira local y sobre todo en la internacional.

Si quieren entrar al mercado de energía de Colombia con una posición importante, esta es la única oportunidad que tienen.

¿Hoy en día cuánta participación tiene?

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Es el 26 por ciento de la distribución y casi el 23 por ciento de la comercialización. Es la región con el mayor potencial de crecimiento, pues en los últimos seis años creció en consumo casi al 6 por ciento.

¿A los interesados no les preocupó que el recaudo sea menor al 80 %?

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No es menos del 80 por ciento. El promedio es de 85 por ciento en el año.

Es mentira lo del no pago, y me parece que Gas Natural Fenosa hizo un gran trabajo en hacerlo su caballito de batalla, porque Unión Fenosa hace 10 años tenía tasas de recaudo del 96 por ciento.

¿Es cultural el no pago?

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Es mentira, y me parece que Gas Natural Fenosa hizo un gran trabajo en hacerlo su caballito de batalla, porque Unión Fenosa hace 10 años tenía tasas de recaudo del 96 por ciento.

¿Por qué Unión Fenosa sí podía y Gas Natural no? Antes de que se fusionaran, Unión Fenosa hacía la gestión que tenía que hacer, las inversiones que tenía que hacer y tenía tasas de recaudo del 96 por ciento. ¿Por qué los proveedores de gas y agua tienen tasas del 98 por ciento?

Pero hacer fraude en energía es más fácil...

Claro, porque la red es mala. Si no la blindan ni la protegen, pues obvio que es más fácil hacer conexiones hechizas. Eso mismo pasaba en agua y en gas antes de que a las redes les metieran plata.

La costa Caribe no es un extraterrestre. En el mundo existen mercados iguales o más difíciles de gestionar. Esto requiere una gestión diferente en la manera de cobrar, porque el 80 por ciento está en estratos 1, 2 y 3 y subnormales y zonas especiales. Eso lo tenía claro Unión Fenosa. Los interesados locales dijeron que eso de la cultura del no pago es carreta. A los de afuera les dije lo mismo.

¿Qué tan grave es el fraude en estratos altos?

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No es que sea solo en los estrados 1, 2 y 3. Hay apartamentos en Cartagena, Santa Marta y en Barranquilla de estrato seis que tienen el bypass (derivación) del aire acondicionado.

El problema no es de cultura de no pago, sino de ilegalidad. Y la ilegalidad está en todos los estratos y en todo el país. Para robarse la energía, hay hampones en todas partes. Y allá, como se necesita consumir más energía, porque hace mucho calor, hay gente que vende los apartamentos con este tema.

Urgen definición rápida del régimen tarifario provisional

Mientras se determina cuáles de los seis interesados en la operación del mercado eléctrico de la costa Caribe pasan la fase de presentación de propuestas, que se extenderá hasta septiembre, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía (Asocodis) aseguró que es clave que el régimen tarifario provisional para este mercado, establecido en el Plan de Desarrollo, se defina a la mayor brevedad y antes de la presentación de ofertas, para que los interesados puedan tener mayor certidumbre sobre las reglas que deben considerar.

“Es también importante que la Creg pueda definir a la mayor brevedad los procesos administrativos en curso sobre los cargos por aplicar en el próximo periodo tarifario para todas las empresas de distribución”, aseguró José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.

Y recalcó la importancia de que el proceso sea exitoso, considerando lo que representa el mercado de la Costa para el país, y para evitar un riesgo sistémico en todo el sector eléctrico colombiano.

Al respecto, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, sostuvo que el régimen tarifario especial que se contempla se fundamenta en el mismo marco tarifario vigente para todos los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica en el país, fijado en la resolución 015 de 2018 de la Creg. “Los ajustes serán los específicos a las condiciones de entrada del proceso de búsqueda de un nuevo operador y la segmentación del mercado”, indicó la ministra.

La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, dijo que varias entidades trabajan en el tema para tenerlo antes de agosto.

FUENTE: EL TIEMPO