La cobertura del servicio de electricidad en el país, según cifras del Ministerio de Minas y Energía, es del 97,02% y para disfrutarlo  es necesario cancelar la factura que periódicamente expiden las empresas prestadoras.

Pero, muchos desconocemos de dónde sale ese valor, quién lo determina, por qué las empresas tienen diferentes tarifas y otros detalles que contiene ese documento de cobro.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) precisa que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que el régimen tarifario deberá estar orientado por los criterios de eficiencia económica, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, a la vez que le entrega la posibilidad de estructurar las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos.

En ese contexto, las compañías prestadoras del servicio como EPM y Celsia coinciden en señalar que dentro de la tarifa que pagan los clientes y usuarios en su factura, están incluidos componentes asociados a toda la operación de la infraestructura que se requiere para la prestación del servicio, así como las inversiones, el mantenimiento y los planes de expansión.

En otros términos, para que cada colombiano cuente con este servicio en su hogar o empresa se requiere de un conjunto de activos y de todo un esfuerzo operativo y una serie de actividades que los usuarios no perciben o no son conscientes que se realizan.

Y es que para encender un bombillo, conectar la nevera, el celular, el televisor, el computador o un ventilador, la energía eléctrica recorre cientos de kilómetros desde el lugar donde se genera hasta llegar al cliente final. Todo ese proceso hace parte de la prestación del servicio y se contabiliza en el valor de la tarifa de energía.

La medición

Para determinar el consumo de electricidad en una vivienda o una empresa se utilizan medidores que acumulan durante un periodo (generalmente un mes) la cantidad de kilovatios hora (kWh) utilizados por cada cliente.

El precio de cada kWh resulta de sumar los costos en los que incurren las empresas prestadoras para brindar el servicio de energía eléctrica a sus clientes. El valor de la factura de energía es el resultado de multiplicar los kWh consumidos por el cliente por el costo unitario (CU) de cada kilovatio.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, así como hay clientes que tienen subsidios determinados por la ley, también hay otros que por la misma razón pagan una contribución del 20 %, o que en el caso de decisiones de los departamentos o municipios en los que viven, deben pagar además una tasa de seguridad (ocurre en el Valle del Cauca).

En ese contexto, es importante tener en cuenta que los estratos socioeconómicos 5 y 6 hacen una contribución a los estratos 1, 2 y 3.

Los clientes de estrato 4 no pagan contribución ni son sujetos de subsidio. Además, cada municipio cuenta con unos subsidios diferentes, lo que incide en que el costo de los servicios varíe de acuerdo con la localidad en la que se vive el usuario.

Los componentes

El CU es el resultado de sumar factores clave del suministro eléctrico como los generadores, los transmisores o transportadores, los distribuidores y los comercializadores.

De la sumatoria también hacen parte las pérdidas de la energía que se originan por su paso por la red (técnicas) o por las pérdidas no técnicas que se originan por el robo de electricidad debido a las manipulaciones fraudulentas, así como el costo de los programas para reducirlas (ver gráfico).

Finalmente las restricciones que son los valores asociados a las generaciones de seguridad que son despachadas fuera de mérito y que son necesarias para mantener la continuidad del servicio cuando hay problemas al transportar la energía, es decir la falta de infraestructura de transmisión por alteraciones de orden público o atentados contra las redes.

En este frente, la ministra de Energía, María Fernanda Suárez, aseguró que hace un año las restricciones sumaban más de dos billones pesos y al cierre de junio pasado la diferencia estaba generando un ahorro de 500.000 millones de pesos.

“Cuando alguien mira la factura, ve un valor por generación, otro por transmisión y hay una R que son las restricciones. Llegamos a pagar hasta 39 pesos por ese concepto el año pasado. Este año lo hemos bajado a 11 pesos y se ha estabilizado entre 15 y 20 pesos. Como es un pago que asumimos todos los colombianos, trabajamos para disminuirlo”, mencionó la funcionaria.

Desde la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) se aseguró que las restricciones tuvieron una reducción temporal durante el período seco de comienzos de 2019, pero advirtió que han retomado su senda creciente, y en julio ya alcanzaban 1,3 millones de dólares diarios.

FUENTE: EL COLOMBIANO