Desde hace ya varios años la incertidumbre jurídica, o el cambio de reglas, ha sido uno de los factores más

 cuestionados por los empresarios extranjeros cuando están evaluando las posibilidades que Colombia ofrece para depositar sus capitales.

Esto fue validado en un informe sobre seguridad jurídica y protección de las inversiones elaborado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, en este se concluye que la debilidad del modelo de supervisión ante las presiones electorales ejercidas dentro y fuera del caribe colombiano genera una importante incertidumbre. El informe asegura que se requieren reformas urgentes para consolidar un modelo institucional más competitivo.

Añade, que esta inestabilidad afecta a las empresas internacionales que invierten en los sectores minero y de las telecomunicaciones, en los cuales se registra un sorprendente incremento en los casos de arbitraje internacional (Glencore PLC, Cosigo Resources, América Móvil, Telefónica, Anglogold Ashanti, etc.), y que evidencian la necesidad de avanzar en las reformas que el país parece haber postergado en cuanto a la estructura y funcionamiento de los diferentes organismos de regulación y supervisión. 

Sostiene el documento que la consolidación de Colombia como destino preferente de la inversión extranjera pasa por despejar cualquier incertidumbre sobre la interferencia de criterios ajenos a los estrictamente regulatorios en la toma de decisiones de profunda repercusión económica y reputacional para los sectores regulados. 

Sobre esto aclara que la existencia de un modelo de libre nombramiento y remoción de la máxima autoridad de supervisión en Colombia, le convierte en un organismo con escasa neutralidad y autonomía técnica ante el Gobierno en el ejercicio de sus competencias. 

Reconoce el informe que se observa que su posición geoestratégica, junto con la favorable evolución de los factores históricos de desestabilización interna, le han convertido en un país clave en toda la región y en un firme candidato a la incorporación como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), entidad que ha pedido una reforma normativa que confiera verdadera independencia y autonomía a las autoridades de regulación y supervisión, particularmente en los ámbitos de energía y minas y de las telecomunicaciones. 

 

Fuente: http://www.portafolio.co/negocios/incertidumbre-juridica-preocupa-a-empresas-extranjeras-504109