Luego de la propuesta del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sobre la venta accionaria de Hidroituango a Empresas Públicas de Medellín (EPM), La Sociedad del proyecto envío una nueva carta a la junta directiva de la empresa en la se se solicita analizar la propuesta del mandatario gubernamental.
En la misiva, firmada por Rodrigo Ardila Vargas, secretario general de Hidroituango, se solicita una reunión conjunta entre las directivas del proyecto y EPM para estudiar la idea de Pérez, que propuso vender 53% que tiene el departamento en la obra, con el objetivo de diluir posibles líos legales que se podrían presentar en el futuro.
“La junta de la Sociedad Hidroituango ve esta propuesta seria, innovadora y diferente para enfrentar una de las crisis económicas más grandes en la historia de Antioquia”, dice la carta.
Es de resaltar que el pasado 6 de noviembre Pérez lanzó la idea de vender su parte en Hidroituango para que EPM se ahorrre líos legales. En dicha solución, planteó que la empresa pague la transacción con la entrega total o parcial de algunas hidroeléctricas del departamento.
Así, Pérez añadió que se podría crear Empresas Públicas de Antioquia, una firma en la EPM podría ser socia con el Idea.
Actualmente, Hidroituango está divida en tres principales accionistas: Antioquia, con 52,88%; EPM, con 46,5% y 0,62 % restante se lo reparten 27 accionistas minoritarios.
En medio de todas esta discusión, la cual ya ha desatado pronunciamientos del alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, y el gobernador electo, Aníbal Gaviria Correa, hay otra arista que se sumó al tema.
Lo anterior se trata de una decisión que tomó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual aprobó una investigación internacional de su brazo privado BID Invest por su inversión en el proyecto Hidroituango.
De acuerdo con el BID, La investigación tendrá como objetivo principal establecer si el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas.
La investigación tiene su origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por el proyecto Hidroituango. En ella, las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos y pertenecientes al mismo, resaltan que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango.
En la queja, las comunidades demuestran que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permitió la participación de las comunidades ni el acceso a información, y que se ha desarrollado en un contexto de violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua.
Vale aclarar que el BID Invest ha invertido millones de dólares en el proyecto y ha facilitado la inversión de US$1.000 millones adicionales de otros bancos internacionales. Dichas inversiones se mantienen a pesar de la grave crisis del proyecto.
FUENTE: LA REPÚBLICA