La política energética es un resorte vital y estratégico para el manejo de un país. Un simple desajuste técnico o económico –se sabe- significa un problema político para cualquier gobernante. Argentina presenta en este siglo desajustes de magnitud. Muchos de ellos, heredados de la “Administración Anterior”. Es cierto que Cambiemos heredó en 2015 los fuertes desajustes del kirchnerismo. Pero también lo es que el presidente Fernández heredó muchos del kirchnerismo aún no resueltos; y también los propios de Cambiemos.

Doy un ejemplo: Alberto Fernández deberá construir con financiamiento chino dos centrales nucleares –una de Uranio natural y otra de Uranio enriquecido- contratadas por el Gobierno de Cristina en 2014 aún no iniciadas.

El problema no es tanto el atraso de la obra. Todavía desconocemos cosas que deberían ser conocidas antes de comprar una central nuclear: 1) dónde va a ser instalada; 2) cuál será el “costo total” del kilovatio hora producido; 3) si este costo de producción será menor que el del sistema eléctrico argentino actual o mayor; 4) de dónde va a proceder el combustible nuclear; etc. Para empezar la construcción Alberto va a tener que hacer el Estudio de Factibilidad Integral que debió haber sido terminado en 2014 y presentarlo en el Congreso Nacional para su aprobación.

Creo que tomados en serio los fuertes desajustes del sector, nos convendría a todos evitar “tirar la primera piedra acusatoria” a nuestro adversario; porque posiblemente se reciba instantáneamente la misma piedra con parecidos fundamentos. O sea: se entraría en un inútil juego de suma cero.

Han transcurrido menos de dos meses de gobierno, son suficientes para realizar algunas afirmaciones: 1) nuestro sector energético padece graves problemas estructurales; y la mayoría está en el campo de la “economía energética”; 2) Ninguno de los dos espacios políticos que compitieron en 2019, explicitó su “programa energético de gobierno”; 3) el equipo energético actual pareciera “no estar bien parado en la cancha” y con puestos importantes sin cubrir; y eso genera dudas respecto de donde se ubica el centro de la toma de decisiones. La sensación es que se está perdiendo tiempo.

De lo hecho hasta el presente la declaración de la “Emergencia Energética” contenida en la Ley de Solidaridad votada el de 16 de diciembre de 2019, dejó en claro en su texto que no había razones explicitas y objetivas para la declaración de dicha Emergencia.

La situación particular de la Economía Energética es de por sí muy delicada y a ello se suma el desequilibrio macroeconómico en el cual ésta está inserta. Los últimos informes de Cammesa dan cuenta de una situación muy precaria: las empresas Distribuidoras tienen una deuda de 43000 millones de $ por energía que distribuyeron y no pagaron a los generadores. A eso se suma que según los Informe del IAE Mosconi los consumidores pagan solo el 58 % del costo la Energía generada. Atención con esto que en República Dominicana llevó a la quiebra del sistema eléctrico hace pocos años.

El precio del gas natural es muy caro frente a los precios del mercado mundial (1,9 US$/MMBTU) lo cual hace de la Argentina un país insignificante en lo que refiere a la competitividad internacional futura; además un precio interno alto y complica a nuestros exportadores y a nuestros consumidores; o sea a todos.

Es irracional que Argentina subsidie sin contraprestación de las productoras de gas natural, sin contrapartida de financiamiento genuino, por un valor de 3300 millones de u$s/año.

En función de esta delicada situación, creo que es necesario acordar un programa de acciones inmediatas y para ello el Gobierno debería dar el primer paso procurando un acuerdo político y luego darle a ese acuerdo político un sustento académico, gremial y empresario. El siguiente podría ser un bosquejo sobre los puntos más importantes: 1) Redefinir Vaca Muerta dando prioridad al petróleo exportable. La exportación de crudo de Vaca Muerta y su precio FOB nos debe servir para fijar un precio de venta del crudo entre productores y refinadores en el mercado local que no debería ser excedido.

2) Los Subsidios al gas natural deben finalizar al término de los plazos de las Resoluciones que les dieron origen.

3) Deben darse de baja los proyectos anunciados sobre la ejecución de gasoductos sin estudios hasta tanto se conozcan los mismos. Neuquén Saliqueló y el más reciente de la venta a Brasil 4) Se debe finalizar el Gasoducto del GNEA paralizado en 2019 y cumplir el Contrato de Importación de Bolivia renegociando precios. Bolivia debería tener acceso libre al mercado argentino en condiciones de competencia consolidando un mercado regional de natural.

5) Debe continuarse con la política exploratoria iniciada en el Gobierno de Cambiemos en 2019 en la Plataforma Continental hasta el talud oceánico. Y extender esta exploración a todas las cuencas sedimentarias nacionales.

6) Se debe asegurar la competencia en el mercado interno del gas natural evitando las prácticas anticompetitivas y los abusos de posición dominante.

7) Debe continuarse con la elaboración del Plan Energético Nacional iniciada por el Gobierno de Cambiemos.

8) Debe asignarse a YPF un rol estratégico que aún no le ha sido fijado desde 2012 hasta el presente.

9) Debe evaluarse la reorganización del Mercado Eléctrico Mayorista y evaluando una fusión entre Cammesa y Transener.

10) Dejar sin efecto por ejemplo la intervención a los Entes Reguladores que aún no ha sido realizada y que no está justificada; una intervención es siempre un retroceso.

Jorge Lapeña, Ex secretario de Energía, IAE “General Mosconi”

FUENTE: EL CLARÍN