México se encamina hacia un nuevo modelo eléctrico en el que las energías renovables son meros actores de reparto. La Secretaría de Energía endureció este viernes las condiciones de operación para plantas solares y eólicas en aras de la “confiabilidad” del sistema. La medida representa un punto de inflexión en los repetidos esfuerzos del Gobierno por favorecer la producción estatal y arrinconar la participación privada en el mercado, una intención que recientemente ha provocado roces diplomáticos con la Unión Europea y Canadá. La sacudida amenaza con parar en seco el crecimiento de la inversión en energías limpias y con tensar aún más las relaciones entre las autoridades y el sector privado, que se prepara para una larga batalla legal.
Pese a no tener rango de ley, el acuerdo cambia las reglas del juego de forma sustancial. Asegurar la estabilidad del sistema frente al carácter intermitente de la generación renovable, mayoritariamente producida por privados, es la justificación esgrimida. La Secretaría de Energía ha defendido que “es responsabilidad del Estado, garantizar la confiabilidad” y advertido de que “TODAS las fuentes de energía de México deberán cumplir con el ordenamiento publicado”, según ha difundido este sábado en Twitter. Aunque no se limita a las renovables, el acuerdo enumera una serie de requisitos para la interconexión de nuevas centrales que sí pueden tener un impacto importante sobre su operación. Entre los criterios, figuran el grado de congestión de la red eléctrica, las “condiciones climatológicas” de la zona o el “espaciamiento” de las plantas entre sí.
Para el experto Víctor Ramírez, de la Plataforma México, Clima y Energía, el acuerdo es en los hechos una “contrarreforma eléctrica” que introduce nuevos parámetros. “¿Quién va a decidir cuándo las plantas renovables están suficientemente espaciadas? Ese concepto no existe en la ley”, afirma. “Quiere decir que toda la zona de alto potencial eólico de Tamaulipas [Estado fronterizo con EE UU] o Oaxaca [al sur del país] estaría frenada porque no se están espaciando las centrales lo suficiente entre sí. En cualquier red eléctrica moderna en el mundo, se tiene zonas de concentración de potencia que se reparte a donde se tenga que repartir”. Ramírez sostiene que, en vez de frenar las renovables, se debería invertir en mejorar la infraestructura de transmisión.
Con el nuevo reglamento, el Gobierno también busca dar prioridad a la interconexión de “proyectos estratégicos” consistentes con la confiabilidad del sistema, el nuevo principio rector del modelo energético. Esto entra en aparente contradicción con el marco legal vigente que prioriza el despacho de la electricidad más barata y beneficia a las plantas renovables, pertenecientes en su mayoría a empresas privadas. Aunque el acuerdo no detalla qué puede considerarse “prioritario”, la brújula apunta a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal a la que el Gobierno pretende reforzar. El consultor especializado Pablo Zárate, director de FTI Consulting, señala la “discrecionalidad” que esconde la medida. “La Secretaría de Energía puede decidir que una planta más cara y contaminante se puede prender porque la considera estratégica”, explica. “No es un tiro de precisión contra las renovables, sino un bazucazo contra el sector privado en la industria eléctrica”.
Más allá del fondo del acuerdo, la forma cómo se ha llevado a cabo ha levantado duras críticas. Pese a sus implicaciones sobre el sector, la Secretaría de Energía pidió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), un organismo autónomo, que eximiera al acuerdo de una manifestación de impacto regulatorio, requerido cuando un cambio crea costos adicionales a los actores involucrados. En medio de este tira y afloja, el titular de la Conamer, César Hernández, presentó el viernes su renuncia tras poco más de un año en el cargo. No precisó los motivos y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el nombramiento. Al poco de conocerse la dimisión, el nuevo reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación sin mediar análisis de impacto ni consulta pública.
Antes de la publicación, el acuerdo ya había recibido una cascada de comentarios de parte del sector. Para el portavoz de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Julio Valle, este suponía una “expropiación de valores a las inversiones”, al incrementar los requerimientos y generar nuevas limitaciones no previstas por el marco legal. Un representante de la Asociación Mexicana de Energía Solar consideraba que el cambio atentaba contra el principio de libre competencia previsto en la Constitución y en la ley del sector eléctrico. La tensión subyacente ya ha estallado en guerra abierta. El acuerdo será probablemente llevado ante los tribunales, como ya ha hecho el sector con otros cambios en al menos otras dos ocasiones en menos de un año. Fuentes de una empresa líder consultadas por este periódico consideran el acuerdo “un impresionante abuso de autoridad” y confirman que se optará por la vía legal.
La medida forma parte de un movimiento amplio para fortalecer a la CFE. El presidente López Obrador ha criticado en repetidas ocasiones el debilitamiento de la empresa estatal de electricidad. Echa la culpa a la reforma energética emprendida por su antecesor Enrique Peña Nieto para abrir el sector a la iniciativa privada. La paraestatal ha visto cómo su participación en el mercado de generación menguaba hasta situarse en el 54% actual. El Gobierno tiene ese porcentaje grabado en piedra y no quiere que se reduzca más. Con ese objetivo, la empresa ha lanzado un ambicioso programa de rehabilitación de centrales ya existentes y este año pretende construir siete nuevas plantas con capacidad de 3.762 MW, seis de ellas alimentadas con gas natural y la séptima con combustóleo, un derivado del petróleo con un alto contenido de azufre.
En este nuevo marco, la expansión de las renovables se enfrenta a un margen cada vez más estrecho y hostil. Durante los últimos años, la eólica y la solar han crecido de forma exponencial y actualmente representan alrededor del 6% de la generación total. Pero nada más llegar al poder a finales de 2018, el Gobierno de López Obrador canceló el sistema de subastas eléctricas, una de las palancas de la inversión privada en este ámbito, y la construcción de dos líneas de transmisión, que iban a llevar electricidad de los focos de producción renovable a los centros de consumo. Desde entonces, los temores no han hecho más que crecer.
Hace dos semanas, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el organismo encargado del funcionamiento de la red eléctrica, suspendió la entrada en operación de nuevas plantas eólicas y solares durante la contingencia sanitaria por el coronavirus. El sector advirtió entonces de que eso afectaría a 28 plantas solares y eólicas ya listas para arrancar con una capacidad de 3.270 MW, suficiente para cubrir las necesidades eléctricas de casi tres millones de hogares. La Comisión Federal de Competencia Económica, un organismo autónomo encargado de vigilar la libre competencia, también alertó de un posible incremento en la tarifa de la luz como resultado. En promedio, las renovables producen cuatro veces más barato que la CFE, según estimaciones del sector. En 2017, la italiana Enel ofreció vender electricidad a la paraestatal a 17,7 dólares MWh, un récord mundial hasta esa fecha.
Esta agenda energética de tinte nacionalista empieza a provocar roces diplomáticos. Tras la suspensión decretada hace dos semanas, las representaciones de la Unión Europea (UE) y Canadá expresaron su “profunda preocupación”. La carta de la delegación de la UE en México, firmada por varios embajadores de países miembros, entre ellos España, señala que los cambios “amenazan con desincentivar la inversión privada” y reclama una reunión con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que “desafortunadamente hasta la fecha no se ha materializado”. Hay 6.000 millones de dólares de inversión en juego, apunta la misiva filtrada el viernes. Las multinacionales europeas Iberdrola y Enel, dos de las líderes del sector con varios proyectos en marcha, figuran entre las principales afectadas por la reciente suspensión. La Secretaría de Energía ha asegurado este sábado en un comunicado que las pruebas de nuevas plantas listas para arrancar “continuarán con su programa durante 2020 y 2021”.
México nada contra sus propias metas de reducción de emisiones contaminantes. La Ley de transición energética marcó el objetivo de lograr el 35% de energías limpias para 2024. En septiembre pasado y en paralelo a los esfuerzos por restringir la participación privada en el mercado eléctrico y fortalecer la industria petrolera, el Gobierno se comprometió de forma voluntaria a presentar metas de reducción aún más ambiciosas que las establecidas en el Acuerdo de París. Esta aparente bipolaridad es un reflejo de la división del Gabinete, donde conviven la visión pro estatista de Rocío Nahle y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, y la postura más moderada del canciller Marcelo Ebrard y del jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.
FUENTE: EL PAÍS