Cerca del 50 por ciento de la capacidad de energías renovables no convencionales (viento y sol) que el Ministerio de Minas y Energía adjudicó en el 2019, a través de la subasta del cargo por confiabilidad y de la subasta de contratación de largo plazo, exclusiva para proyectos de este tipo, está en riesgo de no entrar a tiempo a complementar la matriz de generación eléctrica para aportar a la transición energética que reclaman diversos sectores.
A comienzos de agosto, los tres procuradores judiciales para Asuntos Administrativos de Riohacha, con base en un estudio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), les pidieron a varias entidades (Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente, Corpoguajira y Ministerio del Interior) adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas de La Guajira, concretamente, en relación con la construcción de los proyectos de generación eólica y la línea de transmisión que llevará la energía producida a todo el país, entregándola al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Dichas peticiones nombraron posibles medidas como no aplicar los planes de expansión de generación y transmisión de energía de 2015 a 2019, suspender licencias ambientales, frenar las consultas previas, adoptar una guía metodológica obligatoria o acuerdo de consulta previa macro (el estudio sostiene que la comunidad wayú no es consciente de la dimensión de la infraestructura que llegará) y determinar si los proyectos fraccionaron la capacidad instalada para no adelantar el trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Y aunque el Ministerio de Minas y Energía asegura que esta solicitud no tiene la vocación inmediata de suspender los procesos previos que adelantan los proyectos, y con el Ministerio del Interior, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la Anla enviaron a la Procuraduría una respuesta en la que exponen las razones por las que la planeación y ejecución de estos proyectos cumplen el ordenamiento jurídico vigente, las preocupaciones en el sector eléctrico no son menores.
Lo que está en juego
El principal desvelo es que está muy cerca el 2021 y los proyectos del cargo por confiabilidad, que sí o sí tienen que entregar energía física al sistema y que se conectan con la línea Colectora-Cuestecitas, de 228 kilómetros de longitud más la subestación, deben entrar en diciembre de 2023, por lo que la pregunta es si van a dar los tiempos (al parecer no), ya que es incierto cuánto tarden las aprobaciones previas al inicio de obras de la línea.
Según datos del Grupo de Energía Bogotá (GEB), son siete los proyectos de generación eólica que se conectarán con esta línea (dos de Enel, tres de AES y uno de Empresas Públicas de Medellín), y su capacidad de generación suma 1.050 megavatios, es decir, casi la mitad de los 2.125 megavatios asignados en las dos subastas del año pasado.
Con esa capacidad de energía en riesgo de quedar atrapada si la línea no entra a tiempo, se podría atender, según el GEB, cerca del 10 por ciento de la demanda de energía eléctrica del país.
Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), explica que la línea colectora está prevista para finales de 2022, pero, “evidentemente, hay que tener en cuenta que esa fecha dependerá de si logran hacer todas las consultas a tiempo y tener la licencia ambiental, que es el cuello de botella”.
Incluso, el directivo explica que los proyectos asignados en la subasta de contratación de largo plazo que moverán su energía por esta línea (Apotolorru, de 75 megavatios, y Casa Eléctrica, de 180 megavatios) deberían estar listos el 1.º de enero de 2022, que es la fecha contractual.
Sin embargo, estos tienen hasta el 2024 para encenderse, toda vez que se trata de contratos financieros que pueden cubrirse con la energía de otros proyectos del generador o comprándola en el mercado eléctrico mayorista (bolsa de energía).
“Para ellos puede representar una pérdida porque si compran una energía más cara, la deben vender más barata (al precio adjudicado en la subasta), pero supongo que estos riesgos tuvieron que analizarlos en la propuesta, pues esto se sabía”, dice el directivo.
Y, más allá de la incertidumbre sobre la línea de transmisión, que es la columna vertebral, Corredor llama la atención porque las redes de cada parque eólico para llegar a la subestación y enlazarse con la línea Colectora 1 las debe hacer cada proyecto, lo cual requiere licencia ambiental y también consulta previa.
“Esto puede ser demorado y puede atrasar alguna entrada de los proyectos. No se puede desconocer que podrían atrasarse un poco y es una posibilidad real”, agrega el directivo.
SER Colombia señala que además de la ruta crítica para lograr el visto bueno ambiental, otros temas que no son menores son los acuerdos de tarifas para el ingreso de equipos por los puertos de La Guajira y la adecuación de las vías para desplazar unas aspas que miden más de 80 metros, más todos los elementos requeridos para montar las centrales eólicas.
¿Qué procesos se habían adelantado?
El Grupo Energía Bogotá (GEB) explica que antes de la llegada del covid-19 se habían realizado cerca de 150 reuniones de socialización y del proceso de consultas previas con 224 comunidades étnicas, logrando la preconsulta y apertura con 199 comunidades; reuniones de pretalleres de análisis e identificación de impactos con 128 y talleres de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas con nueve comunidades.
La entidad señala que no solo la reanudación de las reuniones será concertada con las autoridades departamentales y municipales, sino que las actividades serán socializadas con los garantes (Procuraduría, Defensoría, Gobernación de La Guajira y Cesar, municipios del área de influencia, Corpoguajira, entre otros).
Con la reanudación se prevé generar más de 700 reuniones con las comunidades étnicas certificadas dentro del proceso del proyecto Colectora-Cuestecitas-La Loma.
Según la entidad, en cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), para el proyecto Colectora se debe garantizar un ancho de zona de servidumbre de líneas de transmisión de 65 y 130 metros, en función del tipo de estructura, tensión y cantidad de circuitos previstos. En esa franja -explica- se pueden seguir desarrollando actividades que conviven con la infraestructura, como cultivos de bajo y mediano porte, ganadería, pastoreo, movilidad de animales y personas, pero no levantar construcciones como infraestructura para actividades de personas o animales.
FUENTE: EL TIEMPO