El futuro de la planta regasificadora del Pacífico para importar gas por Buenaventura
, la sostenibilidad de subsidios para familias de estratos bajos conectadas al gas natural residencial, aspectos normativos y diferencias en las cifras nacionales de autosuficiencia de este combustible, son los cuatro aspectos en que contrastan visiones del Gobierno y de empresarios del sector.
Así se evidenció en el último congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), en Cartagena.
En una de sus intervenciones, el presidente del gremio, Orlando Cabrales Segovia, manifestó que Gobierno y empresarios tienen la gran responsabilidad de asegurar los indicadores que garanticen que continúe el desarrollo de este sector (ver gráficos).
Pese a ese llamado, los empresarios consideran que desde el Gobierno no se dan señales claras ni contundentes para despejar inquietudes del sector. Incluso hay diferencias de criterio en las pretensiones oficiales y del sector privado. Aun así, el compromiso de la industria es invertir este año unos 700 millones de dólares en exploración para tener más gas natural.
Señal en otra dirección
En el frente de abastecimiento y suministro, los empresarios celebraron el ejercicio riguroso que lideró la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), al expedir el año pasado el ‘Plan de abastecimiento de gas natural’.
No obstante, Antonio Celia Martínez-Aparicio, presidente del consejo directivo de Naturgás y de Promigás, advirtió que ese plan contempla incentivos para concretar escenarios que no llenan las expectativas frente a lo que necesita el país.
“Lo que se ha hecho es un escenario muy conservador, y si bien los agentes estamos interesados en hacer inversiones, ese plan debe mantenerse dentro de lo probablemente válido. Pues tendríamos unas inversiones muy costosas en un sector que tiene incertidumbres, así que resulta esencial saber cuándo es que se necesita ejecutarlas”, reclamó.
Como ejemplo de esta circunstancia, Cabrales aprovechó para exponer la visión que tienen los empresarios afiliados a Naturgás frente “a una eventual infraestructura de regasificación desde el Pacífico colombiano”.
Traer gas por Buenaventura
Según el dirigente, un análisis encargado por el gremio al consultor Pablo Roda, mostró que el país tendría suficiencia en el abastecimiento de gas natural hasta el año 2025. Lo anterior tiene en cuenta dentro de la oferta la Regasificadora de Cartagena, que entró en operación en diciembre pasado.
“Esto nos debe llevar a tomarnos un tiempo adicional para pensar bien la decisión sobre la Regasificadora del Pacífico y darle un compás de espera a resultados que puedan dar las muy importantes inversiones en exploración que se proyectan tanto costa adentro (norte y centro del país) como costa afuera (Caribe colombiano) en próximos años”, comentó Cabrales.
Pero, las cartas están echadas y el cronograma de la Regasificadora del Pacífico está en ejecución, según explicó a EL COLOMBIANO Jorge Valencia Marín, director de la Upme.
“Nuestras estimaciones nos arrojan la necesidad de desarrollar la infraestructura a futuro para garantizar el abastecimiento a los hogares y a la industria”, declaró el funcionario, quien insistió en que los beneficios de este tipo de obras superan los costos de su desarrollo.
La intención de la Upme es asegurar la confiabilidad en el suministro y su propósito es que la Regasificadora del Pacífico se adjudique a finales de este año y entre en operación en enero de 2021. La inversión está entre los 300 millones de dólares y 500 millones.
Por su parte, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tiene en su página de internet, para consulta, el proyecto de resolución 026, que establece las condiciones para quienes estén interesados en ejecutar este proyecto.
Financiando subsidios
Otro punto en que hay divergencia tiene que ver con la prioridad de financiación pública para sector.
En su intervención en la reunión de Naturgás, el presidente Juan Manuel Santos mencionó que este año se invertirán cerca 80 millones de dólares para atender más 300.000 nuevos usuarios de gas natural. Resaltó que en los últimos cinco años “hemos entregado subsidios que suman 1,5 billones de pesos para familias usuarias de gas natural y de gas licuado de petróleo, de los estratos uno y dos, principalmente”.
Pero, ni Santos ni el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se pronunciaron ante la queja planteada por los empresarios: “hay un déficit de 350.000 millones de pesos para subsidios de estratos 1 y 2. Esto nos preocupa porque se afecta la suficiencia financiera de las empresas, pues cuando se les factura a esos usuarios, ya se descuenta ese costo hasta que el Estado reponga el monto. Esta es una carga que el sector privado no debe asumir”, cuestionó Cabrales.
Agregó su inquietud frente al manejo de recursos que se cobran en la tarifa final y van al Fondo Especial Cuota de Fomento, que promueve y cofinancia el desarrollo de infraestructura para uso de gas natural). Se considera urgente que los cerca de 80 mil millones que hay en esa bolsa de recursos, el Gobierno sí los apropie y dirija a proyectos para que fue creado.
“Es crítico que se revise la metodología de asignación actual, para permitir la cofinanciación de un porcentaje más alto para la acometida (conexión final) de las familias de estratos 1 y 2 (actualmente limitada al 30 %)”, añadió Cabrales.
Así se estimularía la conexión de un número importante de estos usuarios que tienen la red cerca de su casa, pero no están conectados. Con el ordenamiento de estas cuentas, se cumplirían con mayor facilidad las metas del sector de llevarle este año el servicio a otros 309.000 usuarios en 17 municipios (ver Informe).
Reparo a normativa
Las observaciones de los empresarios del gas también pasan por aspectos regulatorios. Para Celia es inevitable hacer referencia a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), de la que dijo es necesario fortalecerla.
“Ese ajuste debe estar dirigido a que la Creg tomé decisiones más oportunamente y sea más dinámica. Los privados vamos más rápido que el Estado y por eso la Comisión no se puede demorar tanto en la toma de decisiones y esto genera desconfianza en el sector”, expresó.
La única respuesta a ese planteamiento la entregó el director de la Creg, Germán Castro Ferreira, quien anunció que la Comisión incorporará en su regulación la política pública para la construcción de infraestructura de gas.
Según el funcionario, lo que se prevé es un rol más proactivo del Estado en la construcción de infraestructura estratégica en gas. “En el suministro de gas, parte de los esfuerzos regulatorios se enfocarán en facilitar el desarrollo de los proyectos, para contribuir con el abastecimiento del combustible y la confiabilidad del servicio”, resaltó.
Otras inquietudes que no se resolvieron, tienen que ver con la regulación del mercado mayorista. Desde el sector se alega que el rígido esquema actual ocasiona sobrecostos importantes y una parte se puede reflejar en la tarifa final. En términos prácticos, se obliga a comprar previamente más gas del necesario para atender una demanda posterior de los clientes que puede ser más baja.
Además, se mantienen interrogantes sobre gastos de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de gas. Reclaman una metodología que tenga en cuenta diferencias de los mercados y use datos más recientes, y no de hace trece años.
¿Habrá escasez de gas?
En ese contexto, para el gremio la autosuficiencia de gas natural en el país alcanzará hasta el año 2025, de acuerdo con el comportamiento actual de la oferta y la demanda.
El año anterior la producción de gas natural se concentró principalmente en los campos de Cusiana-Cupiagua (Llanos Orientales) y Ballenas (Guajira), que atendieron un 75 % de la demanda (industria, hogares y vehículos).
Según Naturgás, la producción nacional fue de 1.104 millones de pies cúbicos por día, mientras la demanda total sumó 1.020 millones de pies cúbicos por día. Esto evidencia equilibrio entre lo que se produjo y lo que se consumió.
Desde la Upme la lectura es otra. “Autosuficiencia es tener gas en el subsuelo, y lo tenemos. Pero, en hidrocarburos hay una diferencia entre tener el combustible y poderlo usar”, precisó el director de la Upme.
Así, lo declarado por las empresas difiere de la producción real, la cual resulta limitada por la infraestructura de producción o de transporte. En ese contexto, la Upme señaló que déficit de gas aparecería en 2023, que da relevancia a que esté lista para ese año la regasificadora del Pacífico.