En las 22.629 palabras que contiene el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética aprobado por el Congreso, la palabra «precio» sólo aparece en tres ocasiones. La primera vez es para obligar a los prestadores de servicios de recarga de baterías a publicar los precios de venta al público. En la segunda y tercera ocasión lo hace para anunciar que va a cambiar el régimen retributivo para la generación eléctrica renovable establecido por la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Lo hace, además, de manera que se antoja contradictoria porque primero dice que el nuevo marco retributivo estará «basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía», para luego precisar que ese marco retributivo estará basado en un mecanismo de subasta que, por su propia naturaleza, requiere precios flexibles.

De la misma forma que no hay desarrollo económico sin acceso a empleos y salarios dignos, no hay transición energética justa si no se logra que la generación masiva de energía redunde en un significativo abaratamiento del precio. Lo contrario es condenar a la pobreza energética a parte de la población y poner una dura barrera al desarrollo económico de toda la industria intensiva en consumo de energía. España registra precios de la energía –particularmente la eléctrica– por encima de la media de la Unión Europea (UE). Tomando como referencia los precios para los pequeños consumidores, el precio de la electricidad en España se mantiene permanentemente por encima de la media tanto si se toma como referencia el precio con y sin impuestos. Los resultados no cambian si se toman los cálculos en términos de poder de compra, esto es, considerando el mismo coste de la cesta de la compra para todos los países de la UE.

FUENTE: LA RAZÓN