Aunque no es fácil para un gobierno conjugar los tres principios de la política energética, hay medidas que pueden poner coto a la escalada de los precios.
Nos encontramos en un momento convulso para el sector eléctrico, ya que han concluido muchos hechos relevantes en las últimas semanas. En primer lugar, una coyuntura de precios máximos en el mercado mayorista, alcanzando en algunas horas los 100 euros por megavatio hora (10 céntimos por kilovatio, que es la magnitud que nos afecta como consumidores domésticos). En segundo lugar, la aprobación de las nuevas tarifas de la luz, en base a la nueva metodología de cálculo de los costes regulados, que luego analizaremos. Y, por último, las medidas que ha aprobado recientemente el Gobierno para paliar esta subida de los precios de la luz, sobre la posibilidad de reducir temporalmente los impuestos que afectan a la factura o el anteproyecto de ley de por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico.
Antes de analizar posibles soluciones ante esta problemática, me gustaría clarificar dos cuestiones.
En primer lugar, que no siempre es fácil para un gobierno conjugar los tres principios básicos que rigen la política energética: la competitividad (bajos precios para los consumidores, que se logran cuando la demanda se puede cubrir con tecnologías de bajos costes variables, como las renovables o la nuclear, aunque sus costes variables han aumentado como consecuencia de los impuestos vigentes desde 2013), la seguridad de suministro (que nunca falte energía; donde los ciclos combinados juegan un papel clave en momentos donde las renovables intermitentes no pueden satisfacer la demanda) y la sostenibilidad (minimizar las emisiones de CO2; en el que las renovables y la nuclear son esenciales).
En segundo lugar, que la factura eléctrica se compone de cuatro componentes: en números redondos, aproximadamente, un 25/30% el coste de la generación, un 20% los peajes, un 30% los cargos y un 20/25% los impuestos. El coste de la generación de la electricidad es lo que cuesta que se produzca la electricidad a partir de diversas tecnologías, como los ciclos combinados de gas, la energía solar o eólica, la hidráulica o la nuclear; este precio se determina en el mercado mayorista, en función de la oferta y la demanda. Por ello, en la coyuntura actual, en momentos en los que la demanda es elevada y la oferta más barata en el mercado (las renovables) no es suficiente para satisfacerla, es necesario que produzcan los ciclos combinados, que tienen que hacer frente al encarecimiento del gas y el CO2; por lo que el precio del mercado es elevado, como ocurre también en el resto de países de la Unión Europea. Que el precio de los derechos de CO2 se haya disparado no debe entenderse como una mala señal, ya que se trata de un bien que debe ser escaso por motivos climáticos y su precio debe reflejar esa escasez. Ello permitirá que, gradualmente, como está previsto en la Ley 7/2021, de cambio climático, las tecnologías renovables, el almacenamiento y una demanda más proactiva vayan eliminando la necesidad de contar con energías contaminantes en el mix.
Pero de momento, por seguridad de suministro, estas tecnologías cumplen un importante papel, como muestra el borrador de orden ministerial por la que se regula el mecanismo de capacidad en nuestro país. Esta norma permitirá que los ciclos combinados que sean necesarios para el sistema no tengan que cerrar por la imposibilidad de cubrir todos sus costes y no ser viables.
Por su parte, los peajes representan el coste de las redes eléctricas, que cumplen una función clave de asegurar que nunca tengamos problemas de seguridad de suministro, y más en un entorno donde las tecnologías renovables están incorporándose significativamente en la generación y donde los consumidores tienen su derecho a verter a la misma sus excedentes. Los cargos, a su vez, incluyen diversos costes, ligados a la política energética, industrial o territorial, como, por ejemplo, las primas que se pagan a las antiguas plantas renovables que necesitaban de apoyo porque aún no eran competitivas, o la financiación del déficit que acumuló el sistema eléctrico en el pasado. Y, por último, la factura soporta varios impuestos, como el IVA (21% de los conceptos anteriores), el impuesto sobre la electricidad (5%), o el impuesto a la generación (que afecta al precio del mercado en un 7%).
Teniendo en cuenta estas dos consideraciones previas, ante esta situación de encarecimiento significativo de los precios de la electricidad, cabría poner en marcha varias medidas.
En primer lugar, que todos seamos más responsables y hagamos un uso mucho más eficiente e inteligente de este bien escaso.En segundo lugar, que se asegure que las tecnologías que dan firmeza al sistema y siguen siendo necesarias, como la nuclear o los ciclos combinados, puedan cubrir sus costes. Esto se logrará en parte con la bien acogida propuesta de orden ministerial de mecanismos de capacidad, pero se imposibilitará si se aprueba el anteproyecto de ley de minoración de los ingresos de CO2 o si en el mismo no se parte de un precio de mercado mínimo, que tenga en cuenta esa viabilidad (podría pensarse en un porcentaje creciente de minoración a partir de dicho precio mínimo; y que los ingresos generados revirtiesen a las plantas en los periodos en los que el precio de mercado fuese menor que dicho precio mínimo fijado para la detracción, con el fin de garantizar su viabilidad).
En tercer lugar, como ya se ha propuesto por el Gobierno, reducir los impuestos que recaen sobre la factura. Se trataría de que, teniendo en cuenta el significativo aumento de la recaudación tributaria producida como consecuencia del aumento de los precios del mercado mayorista, estos ingresos presupuestarios retornen al sistema eléctrico. Además, ante el sustancial aumento esperado de los ingresos de las subastas del CO2, podría incrementarse el límite de los mismos que se destina al sistema eléctrico. También, aprovechando el mandato regulado en la mencionada Ley 7/2021, convendría hacer cuanto antes una revisión en profundidad de la fiscalidad medioambiental, con el fin de hacer realidad el principio consagrado en la Directiva 2004/35/CE de “quien contamina paga”.
En cuarto lugar, promover los contratos a largo plazo o en mercado libre, que han permitido en la coyuntura actual a unos 20 millones de consumidores contar con precios fijos, evitando la volatilidad del mercado diario.
Y, por último, en relación a la tarifa regulada (o PVPC) y teniendo en cuenta que las tarifas reguladas indexadas al precio spot solo existen en España, sería conveniente analizar un posible cambio regulatorio, permitiendo que esta tarifa no sólo se fije con los precios horarios del mercado spot, sino que también tuviese en cuenta las cotizaciones del mercado de futuros en diferentes plazos, lo que suavizaría la repercusión en la factura de los consumidores domésticos de las subidas y bajadas de los precios del mercado. Ello a su vez permitiría dar más liquidez al mercado de futuros. Por supuesto, todas estas medidas deberán mantener la ya existente protección de los consumidores vulnerables.
En definitiva, nos encontramos en una coyuntura difícil, pero cuyos impactos pueden reducirse con las medidas adecuadas, orientadas a seguir contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y alentando la confianza de inversores extranjeros, fondos y entidades financieras.
Antonio Hernández García es Socio de sectores regulados y análisis económico de EY España.
FUENTE: EL PAÍS