Con la norma, el Gobierno no alteraría el mecanismo de participación ciudadana y al mismo tiempo facilitaría el desarrollo de proyectos extractivos.
ravés de una reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), el Gobierno Nacional buscaría evitar que las consultas populares sigan frenando la operación de proyectos productivos de minería y petróleo.
Portafolio estableció que la estrategia del Ejecutivo se formuló luego de que desestimara, por razones de tiempo, la presentación al Legislativo de una ley de concurrencia con la que se pretendía sincronizar las competencias del uso del suelo por parte de los entes territoriales y las del subsuelo, que le corresponden a la Nación.
Sin embargo, esta intención se mantiene y tanto el Ministerio de Minas y Energía como los asesores del alto Gobierno están encajando el grueso de los artículos, que estaban contemplados en la enmienda que no se presentó, en un capítulo especial dentro de la citada reforma, la cual sería presentada al Congreso de la República en la primera semana de agosto para su trámite ordinario.
“Lo que busca el Gobierno es no alterar este mecanismo de participación ciudadana y respetar los principios de institucionalidad, pero al mismo tiempo evitar que con este proceso se frene la actividad minero-energética”, enfatizó el ingeniero Julio César Vera Díaz, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet).
FÓRMULA DE SOLUCIÓN
El vocero gremial agregó que además de sincronizar los usos de suelo y del subsuelo, en donde se le da relevancia a la norma constitucional acerca de que prima el derecho general sobre el particular, se plantearán fórmulas para que con las operaciones los entes territoriales obtengan un beneficio económico adicional.
Así, las empresas mineras y petroleras que tengan una concesión le pagarían a los municipios un canon de arrendamiento para que puedan hacer uso del suelo con el fin de acceder a la producción del subsuelo.
“Esta es una de las fórmulas que se contemplan y que están en estudio. Aunque no es definitiva, es una de las que más aceptación tiene”, señaló el presidente de Acipet.
Así mismo, en el articulado se establecerían los requisitos para adelantar audiencias públicas previas con el fin de socializar futuros proyectos minero-energéticos para exponer los beneficios económicos y el desarrollo ambientalmente sostenible de la operación.
En este espacio de discusión participarían la comunidad, la autoridad municipal, el Gobierno Nacional y las empresas concesionadas. El cabildo abierto también daría la oportunidad para establecer cómo los habitantes de una localidad pueden incidir directa e indirectamente en el proyecto.
APOYO DE LOS GREMIOS
Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), afirma que con los fallos de la Corte Constitucional se generó una “tensión de competencias” que se solucionaron a través de una fórmula con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
“La solución solo es posible mediante la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial y con el cumplimiento de los requisitos establecidos para dicha reforma, y hasta que eso no suceda, cualquier decisión que se tome por parte de las autoridades municipales acarrearía una extralimitación de sus funciones”, señaló el presidente de la ACM.
PUENTES ENTRE LAS PARTES
Urdinola explicó que a través del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y de la Ley 388 de 1997 se establece que la formulación de estos instrumentos se debe realizar con base en estudios técnicos, análisis de riesgos e información de áreas de protección ambiental previamente declaradas por la autoridad competente en esta materia, buscando racionalizar intervenciones sobre el territorio y orientar el desarrollo y el aprovechamiento sostenible del municipio.
Enfatizó que dicho marco jurídico les otorga a las autoridades las reglas de juego para desarrollar ese espacio de concertación.
“En hora buena, en días pasados el Ministro de Minas y Energía anunció el interés del Gobierno en presentar el mencionado proyecto ante el Congreso”, señaló.
Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), ha reiterado en diferentes escenarios que un diálogo entre el Gobierno, las altas cortes y el Congreso “puede conducir a una definición clara sobre competencias en materia minero-energética y el alcance de las consultas populares en actividades estratégicas, de utilidad pública y de interés nacional”.
Ha señalado además que se deben tender puentes con los entes territoriales en donde existen operaciones minero-energéticas, para definir una agenda y unos compromisos que permitan zanjar diferencias “y demostrar el aporte al desarrollo sostenible de las regiones dónde tenemos actividad”.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio