La experiencia indica que después de haber implementado las profundas transformaciones de los años 90, que incluyeron la mayor privatización de servicios públicos de nuestra historia, todavía Argentina carece de un sistema eléctrico de buena calidad y económicamente sustentable.
Aquellas reformas fueron realizadas en el contexto de la ley de convertibilidad donde el valor del peso argentino era idénticamente igual al dólar. La ficción terminó en 2002 con una crisis política y económica sin precedentes. La salida traumática de la convertibilidad incluyó una fuerte devaluación del peso, el default y el aumento de la pobreza.
Han transcurrido 18 años desde 2001 y cinco gobiernos de distinto signo se han sucedido desde entonces. Pero el sistema eléctrico sigue mostrando fuertes desequilibrios en lo técnico; en lo económico; en lo financiero; en lo tarifario y en lo institucional. Como usuarios de un servicio público esencial debemos tener noción de los problemas y reclamar soluciones concretas. Los problemas son graves y se presentan en toda la cadena de valor: en la Generación, en la Transmisión, y en la Distribución de la Electricidad. También en las dificultades para acceder a líneas de financiamiento de bajo costo.
1) La generación de electricidad se realiza en condiciones económicas muy precarias. Los consumidores pagan con sus facturas apenas el 58% del costo total de generar electricidad.
Esta es una condición de inviabilidad. Pero la quiebra en ciernes sin embargo es evitada, y disimulada, con aportes del Tesoro financiados con emisión y con deuda. En el año 2019 el Tesoro nacional aportó para este fin unos 3.000 millones de dólares para compensar a las generadoras.
Los Costos de generación en Argentina son altos y se han incrementado en las últimas dos décadas. Las causas son varias: a) cada vez aumenta más la generación de electricidad producida por centrales térmicas que utilizan mayoritariamente; b) el gas natural tiene precio cada vez más alto con respecto al que regía en nuestro país hace 20 años en los buenos tiempos de autoabastecimiento energético y gas barato; y c) los costos son muy altos en gran parte por las malas decisiones públicas de inversión y los modos de ejecución con altos sobreprecios que el Estado no controla y a veces incentiva.
2) La Transmisión de electricidad constituye el segundo eslabón de la cadena de valor. La red de Alta y Extra Alta tensión no se expande por falta de planes y por falta interés privado en la inversión; y además por la falta de un financiamiento genuino y de bajo costo. El déficit de inversión en este sector redunda en dos problemas graves: a) cuellos de botella para el transporte de la energía renovable y b) sobrecargas y aumento de los riesgos de corte del suministro.
3) El 3° eslabón de la cadena de valor, la Distribución, presenta problemas económicos crónicos en todo el país. Además de baja calidad de servicio en el área metropolitana de Buenos Aires y GBA donde los cortes y la duración de las interrupciones son superiores a los que existían 20 años atrás; y aunque mejoran respecto a los indicadores de calidad 2013/2014, todavía son malos.
En el segmento de la Distribución se verifica y generaliza una “mala praxis” reiterada que consiste en no pagar la Energía recibida de los generadores lo que constituye una grave situación de default y una estafa a los consumidores. En ausencia de paliativos, el no pago de de la Energía generada lleva a inexorablemente a la quiebra del sistema.
4) El Estado nacional ha aplicado y aplica en los últimos 20 años paliativos distorsivos, para evitar el colapso final del sistema con su posible secuela de problemas políticos.
Así Cammesa, una empresa sin fines de lucro que es propiedad de los actores del Mercado y del Estado, cuyo objeto definido en su estatuto es solo realizar el despacho de cargas y optimizar el costo de funcionamiento del sistema es utilizada, para comprar combustibles para los generadores, para firmar contratos con nuevos generadores; para dar garantías estatales, y otros temas no previstos en sus estatutos.
5) Se eliminaron en los últimos lustros mecanismos de financiación exitosos para la construcción de grandes centrales eléctricas, lo que tuvo negativo impacto en la expansión del sector.
La situación descrita obliga a pensar y proponer una salida. Argentina no merece tener el Sector eléctrico que hoy posee. Debería generarse un conjunto consensuado de reformas en los marcos regulatorios vigentes. Estas son algunas líneas: -Reorganizar el Mercado Eléctrico Mayorista: debería conformarse una unidad empresaria pública única que integre la actual Cammesa (hoy desnaturalizada) con la empresa de Transporte Transener (hoy no utilizada en todo su potencial). La función de esta nueva institución: a) realizar el despacho de cargas de mínimo costo; b) y mantener y operar en forma segura la Red de Transmisión en Extra Alta Tensión en 500 KV; y c) Planificar en forma exclusiva la expansión de esta red y d) No comprará ni venderá energía; y e) Administrar y liquidar las transacciones económicas entre actores del mercado.
-Las Distribuidoras, las comercializadoras y los Grandes Usuarios: Serán los únicos actores que puedan firmar contratos de abastecimiento con las generadoras para el cubrimiento de la demanda.
Las distribuidoras deben cubrir con sus contratos a totalidad de la demanda de su área de concesión. La Reforma debería estar orientada a la obtención de costos mínimos, fomentando mercados transparentes y competitivos y teniendo en cuenta la defensa del interés del usuario cautivo -El Estado nacional debe recuperar las concesiones hidroeléctricas que caducan entre 2023 y 2025. Ello redundará en una disminución notable de los costos de generación en beneficio de los usuarios.
FUENTE: EL CLARÍN